Rigor tributario

Como en la práctica totalidad de las economías de la OCDE, la española se enfrenta a un deterioro de las finanzas públicas sin precedentes, consecuencia de la larga y severa crisis económica global. A través de dos canales está aumentando el déficit público, el de los estabilizadores automáticos: los efectos del desplome de la actividad económica sobre los ingresos tributarios y el aumento del gasto público comprometido, mayoritariamente en protección social. Además, al igual que la mayoría de los gobiernos, el español ha adoptado decisiones que pretendían estimular la demanda, con el consiguiente aumento del gasto público.

Sobre bases tales es razonable que los gobiernos afronten como el más serio ejercicio de política económica en muchas décadas la revisión de su política presupuestaria. En el caso español ha de tenerse presente, además, que la crisis probablemente va a ser más duradera y devastadora que en el promedio de las economías de nuestro entorno. El peor registro de crecimiento del PIB en el segundo trimestre y, muy especialmente, el nivel alcanzado por el paro dan muestras de ello. No cabe, por tanto, abordar la elaboración de los próximos presupuestos con la inercia del pasado. Además del cuadro macroeconómico que lo ampara, el Gobierno tendrá que decidir la reducción de algunos gastos para mantener o aumentar el ritmo de inversión pública y, en todo caso, aumentar los ingresos tributarios, elevar los impuestos.

Ambas decisiones han de formularse de forma rigurosa, alejándose de las improvisaciones y el lanzamiento de globos impropios de procesos serios de toma de decisiones. No es el único Gobierno en España que hace del manejo de los impuestos una herramienta de marketing electoral. El mismo partido que ahora habla de subir los impuestos a los ricos eliminó el gravamen sobre el patrimonio, siguiendo la estela de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Muestras de frivolidad que no se traducen en esa confianza que los contribuyentes han de depositar en quienes administran sus impuestos.

Las modificaciones tributarias, además de atender a los efectos sobre la renta de los sujetos pasivos, han de contemplar las eventuales distorsiones sobre el crecimiento. Aun cuando España no sea precisamente el país de la OCDE donde la presión fiscal es más elevada, en las circunstancias económicas actuales el margen de maniobra para aumentarla elevando las tarifas de la imposición directa es muy limitado. Pero habrá que hacerlo. Ya se ha hecho en algunos indirectos y en el anuncio de eliminación de deducciones como la de la vivienda. Pero puede hacerse más. Por ejemplo, eliminar la subvención de los 400 euros salvo a las rentas más bajas y discriminar con los subsidios por nacimiento de hijos. Margen existe igualmente para mejorar la eficiencia en la lucha contra el fraude. Un reciente documento del FMI recomienda que no se levante la mano en momentos de crisis: la tolerancia hoy, además de injusta, es distorsionadora y limita la eficacia del sistema tributario a medio plazo.

España no será el único país que tendrá que elevar sus impuestos, pero sería bueno que lo hiciera con la seriedad y rigor de aquellos otros países donde la calidad institucional está a la altura de la presión fiscal. La pedagogía hasta ahora mantenida no facilita las cosas.