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La polémica de la Ley de Costas

El retraso en la ley eleva de 60 a 80 años el uso privado de la playa

Medio Ambiente dará derechos de uso en primera línea del litoral a miles de dueños de casas anteriores a 1988

El Ministerio de Medio Ambiente ha lanzado un programa de reconocimiento de derechos de los propietarios con casas construidas legalmente en la playa antes de 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas. Por mucho que cueste explicarlo y más entenderlo, la Administración pretende así cumplir 20 años después la norma y otorgar a los dueños de las casas la concesión para utilizar sus propiedades en dominio público durante 30 años (ampliables a 60). Como el plazo sólo empieza a contar desde que se otorga la concesión, eso implica que, de facto, la mayoría de los dueños de casas sobre la arena podrán disfrutarlas más de 80 años después de la entrada en vigor de la ley.

La aplicación de la Ley de Costas sigue siendo una utopía más de 20 años después de su aprobación. La norma daba cinco años para completar el deslinde de los 10.191 kilómetros de litoral.

La Abogacía del Estado opta por el plazo más favorable a los propietarios

Con el trámite de deslinde, Costas delimita qué es terreno público y cuál puede quedar en manos privadas. Como se basa en criterios geográficos y hay mucho en juego -casi siempre acaba en la Audiencia Nacional- el deslinde se eterniza. Además, en los ocho años del Gobierno del PP apenas avanzaron los deslindes. El resultado es que hoy están deslindados 8.850 kilómetros (el 87%) y de lo que queda el 74% están en proceso, según Medio Ambiente. Sin ese trámite no se puede sancionar a un propietario ni se sabe cuánta gente tiene derecho a una concesión en dominio público.

Ahora, con los deslindes avanzados, Costas pasa a la siguiente etapa: reconocer derechos a los dueños de propiedades en la arena. La ley establece que la playa es pública pero permite a quien tenga una casa construida legalmente antes de la norma que la utilice con una concesión durante 30 años (ampliables a 60 en muchos casos). Ese uso durante décadas era el pago del Estado por la expropiación. Cumplido el plazo, la propiedad pasa a ser pública y, previsiblemente, demolida para recuperar el uso público.

Sin embargo, como explica la directora general de Costas, Alicia Paz, "el otorgamiento de las concesiones se ha trabajado poco". Las demarcaciones de Costas sí daban una concesión antes de expropiarla para construir un paseo marítimo o cuando había un proyecto para recuperar una playa. Fuera de eso, miles de propietarios que fueron incluidos en un deslinde nunca solicitaron ni obtuvieron una concesión. Costas afirma que es imposible cuantificarlos y que tiene que ir buscando en cada tramo de litoral a cuánta gente afecta.

Costas se encuentra con el problema sobre cuándo debe entrar a contar el plazo, ya que hay sentencias contradictorias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo aún no ha unificado doctrina. La Abogacía del Estado, a una consulta de Costas, consideró que el plazo debe empezar cuando se otorga la concesión, lo que supone el criterio más favorable para el ciudadano. Pero esto tiene un reverso: quien cumplió, pidió y obtuvo una concesión disfrutará mucho menos tiempo de su propiedad que quien no hizo nada. En general, los negocios sí han pedido la concesión, ya que lo necesitaban para invertir. Muchos particulares no tienen el papel.

La concesión se otorgará de acuerdo a una orden ministerial de 2007, en la que deja claro que para hacer grandes reformas hay que pedir permiso a Costas y que el Estado puede en cualquier momento rescatar la concesión a cambio de una indemnización. La orden, aprobada en la legislatura de Narbona, reafirma que las concesiones no se pueden comprar ni vender, sólo heredar. El equipo de Elena Espinosa, sin embargo, envió al Congreso en diciembre pasado una reforma de la ley para permitir la compra, pero la reforma ha encallado en el Congreso. El cambio también agiliza el otorgamiento de las concesiones "ya que no es discrecional, tienen derecho, así que evitábamos trámites como la información pública", explica Paz.

El ministerio espera repartir las concesiones sin que se incendie la costa, pero algunos propietarios descubrirán que compraron propiedades que creían suyas y que en realidad son una concesión. Esto es así porque en la práctica el Registro de la Propiedad y el Catastro no informan de las servidumbres de la Ley de Costas. Paz explica que espera tener listo antes de fin de año un convenio con el Catastro para que incorpore la ley. Cuando alguien adquiere un chalé, el notario d el catastro y alertar al comprador.

Otro previsible problema será el que tienen terrenos baldíos en primera línea. En esos casos, Medio Ambiente considera que no tienen derecho a concesión, ya que no tienen ningún aprovechamiento y pasarán inmediatamente a ser propiedad pública.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de agosto de 2009