Adultos bajo tutela pública

Hasta hace unos meses, Eduardo gastaba mucho dinero, más del que tenía. Un crédito, otro, otro... Vivía empeñado. Ayer, le pedía dinero a Noelia para ir al cine a ver Resacón en Las Vegas. Le dio siete euros. La semana que viene le presentará la entrada del cine y, si le ha sobrado algo de dinero, tendrá que devolvérselo a Noelia.

Eduardo tiene 33 años y es uno de los 3.000 adultos bajo la responsabilidad de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. Un juez ha declarado a estas personas incapaces para administrar sus bienes o llevar una vida autónoma y ha dado su tutela a la Comunidad. En otros casos recae en la familia. Noelia es su trabajadora social. Ella se encarga de la asistencia social de la agencia, que se añade a la jurídica y la económica. "Ejercemos como un padre de familia", resume el gerente de la entidad, Carlos Zori. La agencia controla toda la vida del tutelado, desde la administración de su dinero a sus visitas médicas.

"Ejercemos como un padre de familia", dice el gerente de la entidad

El número de tutelas que controla el organismo se ha incrementado en un 50% en apenas dos años. Zori cree que se debe a una cuestión de información. "Las familias van conociendo más a la agencia, que además mantiene una relación muy cercana con la justicia", que es la que ordena las incapacitaciones. A principios de año, los servicios de tutela denunciaron ante la fiscalía varios casos de estafa a pesonas incapacitadas o de mucha edad. "Vimos un repunte muy importante", explica Zori, "de 35 casos de tutela en dos meses observamos que en 21 podía haberse dado una estafa" antes de la incapacitación. Fue un repunte puntual que no se ha repetido en estos meses.

"Estas personas son muy vulnerables. Lo más usual es que tengan una vida desestructurada, problemas mentales y una familia que no se puede hacer cargo de ellos", resume el gerente de la agencia, que desde 1995 ha tutelado a 7.700 adultos. La mayoría son mayores de 40 años y un 56%, mujeres. Los trastornos mentales, las deficiencias intelectuales y las adicciones son las circunstancias más comunes que terminan en una sentencia judicial de incapacidad. En el caso de Eduardo, una patología dual le llevó a ser tutelado. "Padece esquizofrenia y era toxicómano", explica su trabajadora social. Además, apenas ve, por lo que recibe una pensión por invalidez absoluta. Pero está contento. "Ahora estoy más protegido, me administro bien y no me muevo por impulsos". No puede. La agencia controla su dinero, paga sus recibos y, cuando cada lunes Eduardo visita a su trabajadora social, le da una asignación a la semana de 28 euros. Si necesita más dinero, para ir al cine por ejemplo, se lo pide a Noelia (una de las 10 trabajadoras sociales de la agencia) y luego debe justificar el gasto.

También la relación con su familia ha mejorado. "Mi madre no podía conmigo. La calle, las drogas...". Eduardo considera a los trabajadores de la agencia "como una familia". Él acude todas las semanas a por su paga, pero la trabajadora social también le visita en su domicilio. "Este es un caso excepcional", admite Noelia, "muchos de los tutelados viven en residencias y no tienen este grado de autonomía". Cada año, la agencia debe presentar el expediente económico y un informe social de cada tutelado ante el juez. Puede proponer terminar con la incapacitación, pero ésta es una circunstancia que apenas se da en la práctica.