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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

País de objetores

El protocolo que permite a las farmacias negarse a vender la píldora poscoital es un despropósito

La Constitución regula la objeción de conciencia sólo para asuntos militares, según establece en su artículo 30.2. Hace ya muchos años que el servicio militar ha dejado de ser obligatorio, pero a la sociedad española le han crecido los problemas de conciencia por doquier. Está reciente todavía el episodio -exótico en algunos de sus pasajes- de la oposición por parte de comunidades gobernadas por el PP a impartir Educación para Ciudadanía en centros escolares.

Pero eso no sorprende en un país que garantiza el derecho al aborto y que apenas lo practica en hospitales públicos (un 2,5% del total) debido a la objeción de los médicos. Los problemas de conciencia también han llegado a los jueces en un asunto relacionado con el aborto. El pasado mes de julio fue imposible arrancar un pronunciamiento técnico-jurídico en este sentido del Consejo General del Poder Judicial. Las creencias religiosas de su presidente, Carlos Dívar, ganaron el pulso a los criterios jurídicos y frenaron que el Consejo informase sobre el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, un texto que pretende europeizar la legislación española introduciendo los plazos.

El último episodio objetor ha llegado hace unos días, en pleno agosto, desde Cataluña. Después de que el Ministerio de Sanidad anunciara que las farmacias deberían dispensar sin receta la píldora poscoital y la que no lo hiciera podría exponerse a una multa de más de 90.000 euros, la Generalitat catalana y el Colegio de Farmacéuticos han llegado a un acuerdo que lleva la conciencia al interior de las boticas.

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En las farmacias de Cataluña gobernará un protocolo por el que los establecimientos que se nieguen a vender la píldora poscoital deberán indicar a la paciente la farmacia más próxima para adquirirla. La ciudadana deberá también someterse a un cuestionario que realizará el farmacéutico o el mancebo de botica que en aquel momento se halle detrás el mostrador. Probable y desgraciadamente, la senda iniciada por Cataluña será seguida por otras comunidades, que se han apresurado a tomar el texto como pauta. La ajada imagen del cura, el capitán de la Guardia Civil y el boticario parece primar en algunas mentes nostálgicas por encima del debido respeto democrático a la voluntad de los ciudadanos.

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