Vuelve la gresca al pleno de Pinto

Por motivos presupuestarios, en estas ferias Pinto se quedó sin encierros. No importa. "Este año los toros son aquí", se frotaba las manos un vecino sentado en salón de actos del Ayuntamiento. El pleno extraordinario que se convocó ayer a petición del Partido Popular supuso casi seis horas de embestidas entre políticos y ciudadanos. El teórico objetivo era aclarar la posición del Consistorio en torno a una presunta malversación de fondos en un proyecto de cooperación internacional, pero la crispación que envuelve el pueblo estalló en un maratón de insultos.

Los más de 20 policías locales presentes en la sala tuvieron que actuar en varias ocasiones para evitar enfrentamientos mayores. Fuera, una decena de coches de la Guardia Civil aparcaba frente a una manifestación de trabajadores del servicio de atención a dependientes, en huelga por no cobrar. Pinto no vive un momento plácido ni en lo político ni en lo económico, con una deuda municipal de 30 millones de euros.

Más de una veintena de policías locales tuvieron que vigilar la sala

A lo largo del pleno, el alcalde, Juan José Martín (PSOE), ordenó cuatro recesos para enfriar los ánimos y expulsó a tres asistentes -entre ellos, a la abuela de Miriam Rabaneda, la portavoz del PP-. "¿Quién me ha llamado mentiroso?", preguntó en un determinado momento el primer edil. Se hizo el silencio y una mujer levantó la mano. "Desaloje la sala", le ordenó. Inútil, porque los insultos provenían principalmente de las bancadas de políticos. "Mentiroso" y "analfabeto" son algunos de los insultos que se cruzaron los miembros del gobierno municipal y la oposición.

El Partido Popular pedía que el Ayuntamiento se personara como acusación en el juicio contra Antonio Fernández y Juan Tendero -ex alcaldes socialistas entre 1993 y 2007- y Patricia Fernández -hija del primero y actual concejal de Hacienda-. Los tres están imputados por el caso Pinares, que investiga por qué 18 viviendas financiadas por el Consistorio pinteño en una localidad argentina también llamada Pinto fueron supuestamente usadas con fines distintos a los previstos. Debían alojar a familias humildes y acabaron perteneciendo a profesionales acomodados, a expensas del Ayuntamiento español, que dedicó al proyecto en torno a un millón y medio de euros.

Todo, con la presunta connivencia de Antonio Fernández, presidente de la Fundación Pinares -gestora del proyecto- y acusado de lucrarse como intermediario y de disfrutar de un palacete en Argentina.

Presunto o sospechoso son precauciones que sobraron en el pleno. En muchos pasajes de la discusión, tanto gobierno como oposición hablaron del fraude como algo asumido. El actual alcalde no negó nunca la verosimilitud de las acusaciones, ni la relación entre la Fundación Pinares y el PSOE (además de líder, compartían sede). Solamente insistió en la desconexión del actual equipo de gobierno de aquellos hechos (a pesar de que él fue concejal del gobierno de Fernández) y acusó al Partido Popular de no actuar al respecto durante los 18 meses que duró el paso de los populares por la alcaldía (entre 2007 y de diciembre de 2008), a pesar de tener indicios de las irregularidades gracias a informes elaborados por los técnicos municipales.

Detrás de la discusión regresaban como un recurrente rumor de fondo los reproches en torno a la moción de censura que llevó al poder a Martín en 2008 con el apoyo de Izquierda Unida y un concejal de un partido local, Juntos por Pinto, Reyes Maestre. La maniobra fue recibida en su día como una afrenta por los populares y generó una ola de rencores que no se ha superado todavía. La polarización en el pueblo crece, y cualquier incidente, por ejemplo la supresión de los encierros patronales, deriva en choques violentos como los del pregón del domingo, que acabó en una lluvia de objetos contra el Ayuntamiento.

En el pleno de ayer, el equipo de gobierno rechazó las propuestas del PP de personarse judicialmente o de crear una comisión de investigación. Los técnicos municipales analizarán los documentos que envió la ciudad de Pinto argentina, y si descubren indicios de fraude, el alcalde anunció que se asumirán acciones legales.

La polémica ya ha rebasado el ámbito local y el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha declarado que el municipio "está en una posición crítica". Populares y socialistas están de acuerdo en eso. Sólo en eso.