_
_
_
_
_

España ultima acuerdos con paraísos fiscales para perseguir el dinero negro

Los países del G-20 lanzan una ofensiva contra la evasión de impuestos antes de la cumbre de Pittsburgh - Reino Unido logra un pacto con Liechtenstein

EE UU desveló hace unas semanas que tiene información sobre un país caribeño en el que hay 10.000 empresas registradas en un solo edificio. "O es el edificio más grande del mundo o es una tomadura de pelo", decía en una entrevista reciente el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. Los grandes foros internacionales -los países ricos de la OCDE, el G-8 y el G-20- han lanzado una ofensiva contra esa tomadura de pelo, el dinero sucio de los paraísos fiscales, que empieza a dar frutos. El Reino Unido firmó ayer un acuerdo con Liechtenstein de intercambio de información fiscal, que se une a otros suscritos en las últimas semanas. Esa tendencia se acelerará antes de la próxima cumbre del G-20. España "ultima pactos con varios países", aseguraron ayer fuentes del Gobierno, con dos grandes objetivos: Andorra y Gibraltar.

Gibraltar y Andorra son las prioridades para Hacienda y Exteriores
Londres limita las sanciones al 10% de la deuda por el capital no declarado
Más información
UBS facilitará a EE UU la identidad evasores de impuestos en Suiza

Portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Hacienda explicaron que el Ejecutivo prevé firmar un acuerdo con el Reino Unido para el intercambio de información tributaria con Gibraltar, que ya ha suscrito pactos con Irlanda y Estados Unidos. Con Andorra hay un texto negociado a la espera de que el país apruebe varias normas fiscales.

A finales de 2008 se firmaron acuerdos similares, con Aruba y las Antillas Holandesas, y Hacienda está "a la espera de que varios países cumplan con los estándares de la OCDE en materia tributaria y de transparencia para firmar otros nuevos". Una veintena de los 43 países que figuran en la lista negra de la OCDE han contactado ya con España.

El Gobierno de Andorra ha remitido esta semana al parlamento del país el proyecto de ley de intercambio de información fiscal con la intención de que se vote en septiembre. Pese a que el Ejecutivo socialdemócrata no cuenta con mayoría, sí espera que los liberales, que lideran la oposición, apoyen la ley tras incluir varias de sus demandas en el texto. El Gobierno se ha asegurado el apoyo de la banca, del supervisor bancario y de las patronales. Y ha contactado con 21 países para firmar acuerdos bilaterales. Según fuentes del Ejecutivo andorrano, el primer país con el que compartirá información será Francia, y a continuación firmará con España, aunque las negociaciones están también muy avanzadas con Portugal, Bélgica y Holanda.

El Gobierno español descartó ayer que esos pactos vayan a suponer una amnistía fiscal -como pide, por ejemplo, la patronal Cecot-, pese a que la OCDE admite e incluso aplaude los mecanismos de regularización.

Algunos países empiezan a recorrer ese camino. Italia ha aprobado una amnistía fiscal para quienes repatrien capital procedente de paraísos fiscales, con una multa de apenas el 5% para las declaraciones falsas o las omisiones. El Reino Unido prevé también la apertura entre 2010 y 2015 de un periodo en el que los inversores con intereses en Liechtenstein puedan regularizar su situación, con una sanción limitada al 10% de los impuestos impagados durante los últimos 10 años. "Eso supone hacer media amnistía fiscal, y sobre todo lanzar un mensaje completamente equivocado: con el desempleo creciendo en todo el mundo, las cargas de la crisis no se reparten de forma equitativa, y se libran del pago de impuestos buena parte de los beneficios amasados en los años de vacas gordas", criticó Guillem López-Casanovas, consejero del Banco de España y catedrático de la Universitat Pompeu Fabra. España "no tiene previsto hacer nada parecido", declaró ayer un portavoz del Gobierno.

Tras el G-20 de abril en Londres, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, declaró "el fin de la era del secreto bancario". El británico Gordon Brown prefirió hablar del "principio del fin del secreto bancario". Ayer mismo, tras el acuerdo del Reino Unido, Jeffrey Owens, de la OCDE, insistió en que ese pacto "muestra que la era del secreto bancario toca a su fin". Y en los últimos meses no ha cesado la ofensiva diplomática: Bélgica y Luxemburgo han sido los países más activos y el pasado julio consiguieron salir de la lista negra de la OCDE; y de repente numerosos países -Islas Caimán, Malasia, Filipinas, Panamá, Uruguay y Costa Rica, entre otros- han hecho más progresos en unas semanas que en la última década por la presión del G-20, que a finales de septiembre lanzará en Pittsburgh (EE UU) otra andanada contra el dinero opaco.

En plena crisis y con los déficit públicos por las nubes, el pastel a repartir es formidable: los paraísos fiscales manejan unos ocho billones de euros, equivalentes al 13% de la riqueza mundial, que generarían unos 178.000 millones en impuestos, según el grupo de presión Tax Justice Network.

"La ofensiva está capitaneada por Barack Obama, Angela Merkel y Sarkozy, y está obligando a países como Suiza a actuar a toda prisa", afirma el economista Francesc Granell. Suiza ha dado los primeros pasos para suavizar el secreto bancario. Los tribunales acechan: UBS tiene un juicio pendiente en Miami sobre 52.000 cuentas de estadounidenses en Suiza. La Administración de EE UU y UBS han llegado a un principio de acuerdo y se prevé que las partes informen hoy al juez, para evitar una instrucción que podría ser larga y costosa, informa Sandro Pozzi.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_