La huelga de asistentas a domicilio deja sin ayuda a 317 dependientes pinteños

Al levantarse, Jerónimo Sánchez descubrió lo mismo que cada mañana: que el "tembleque" en las piernas seguía ahí. Tiene 79 años, alzhéimer y párkinson. María, empleada del servicio de atención a domicilio, debía ir a lavarle y darle los medicamentos, pero no apareció. Ninguna de las asistentes que ayudan a 317 dependientes en Pinto trabajó ayer.

Dolores, la mujer de Jerónimo, le ayudó a vestirse a pesar de que el dolor de sus huesos casi no le deja moverse. También le corresponde ayuda doméstica, pero no la tuvo, y no se sabe cuántos días puede seguir sin ella. Un conflicto entre la empresa adjudicataria del servicio de atención (Concierto Bienestar) y el Ayuntamiento ha dejado sin cobrar cuatro meses a las 68 trabajadoras de la empresa. Empezaron ayer una huelga de la que no están cumpliendo los servicios mínimos porque afirman no haber recibido notificación de ello, a pesar de que Jesús Gallego, el gerente de Concierto, exhibía certificados postales para demostrarlo.

Las trabajadoras, que llevan cuatro meses sin cobrar, ganan 700 euros al mes

Muchos de los dependientes del pueblo pasaron el día en cama. Algunos de los que podían moverse estuvieron en la manifestación de las trabajadoras frente al Ayuntamiento. En silla de ruedas fue Almudena Navarro, de 73 años, acompañada por su hija, también dependiente. "Apoyamos a las chicas porque tienen razón", explicaban.

El conflicto es complejo. El Ayuntamiento debe dinero a la empresa, pero parte de esas cuentas están en los tribunales porque el actual Consistorio (PSOE) considera que sus predecesores (PP) se comprometieron a un gasto que rebasaba lo suscrito en el pliego de condiciones del contrato y que la municipalidad, con una deuda de 30 millones, no puede asumir. Aun en el caso de arreglar este punto, la empresa no ha pagado parte de las cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que todo lo que el Ayuntamiento le ingrese será embargado. "No es un problema presupuestario, es legal", insistía la concejal de Bienestar Social, Julia Cerdeiras. "No podemos pagar directamente a las trabajadoras. Intentamos rescindir el contrato, pero tardará cuatro semanas".

Luego tendrá que llegar otra compañía adjudicataria, y desde el comité de empresa se temen que le tocará asumir la deuda de 400.000 euros de Concierto Bienestar. No parece que nadie esté dispuesto a eso. Las soluciones que el Ayuntamiento ofrece a las cuidadoras, que ganan 700 euros al mes, son denunciar a su empleador para cobrar lo que les debe y constituirse en una cooperativa que saque adelante el servicio.

Las trabajadoras no parecen dispuestas a resignarse. Cerdeiras amenazó ayer con que "si no se arregla el problema de los servicios mínimos, empleados municipales irán a ayudar a los dependientes, y el señor Gallego será perseguido judicialmente".

En lugar de manifestarse, la cuidadora María Granados, de 50 años, explica que le gustaría estar con Jerónimo y Dolores. "Me parte el alma, pero es que nos están chantajeando", protesta. Atiende a cinco dependientes "casi por vocación". Sabe que no es el caso de la mayoría de sus compañeras, muchas extranjeras recién llegadas a España, que hacen un trabajo mal remunerado y duro. Igual que a ella, a Jerónimo y Dolores les importa poco el vodevil legal. Él sigue con el tembleque y a ella le duelen las rodillas. Que María pudiera echarles una mano haría las cosas más fáciles, pero quieren que lo haga cobrando. Sería una pequeña gran diferencia.