Cospedal asegura que el Gobierno ha ordenado espiar a dirigentes del PP

La secretaria general del primer partido de la oposición acusó ayer sin pruebas al Gobierno de espiar a dirigentes del PP utilizando a la Fiscalía General del Estado y a la policía. La senadora María Dolores de Cospedal aseguró, en una entrevista con la agencia Efe desde su lugar de vacaciones en Marbella, que a su partido "le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios [de la trama de corrupción que afecta al PP] y a destacados dirigentes nacionales", según el teletipo de la agencia. Cospedal se reafirmaba en sus palabras del miércoles, en las que acusó al Gobierno de usar los medios del Estado para perseguir a la oposición, en vez de a ETA. Semejante acusación la hizo en un comunicado grabado en vídeo y nadie pudo preguntarle a qué se refería. Ayer se explayó.

El PP insiste en que los hechos ya están denunciados en el juzgado

Según la número dos del PP, que en la entrevista habla de forma genérica y sin poner ejemplos, se están interviniendo teléfonos "de manera ilegal, nos consta". Precisó que "altos dirigentes nacionales" del PP tienen el teléfono "pinchado". No dijo quiénes.

Senadora por Castilla-La Mancha, número dos del PP y ex alto cargo del Ministerio del Interior, María Dolores de Cospedal considera que España vive en "un Estado policial", que comparó con el franquismo, en el que el Gobierno "utiliza a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al CNI". Ni durante la entrevista, ni después, a lo largo del día, Cospedal explicó a qué se refería por lo que varios dirigentes socialistas exigieron que presente una denuncia por estos hechos o se retracte.

El departamento de prensa del PP explicó que esa denuncia ya existe y es la que el 24 de julio presentó el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, a fin de encontrar a las fuentes de EL PAÍS en el caso Gürtel. La denuncia era, entre otras cosas, por interceptación ilegal de las comunicaciones, y apuntaba a la Policía Judicial como responsable.

La denuncia, que ayer el PP volvió a distribuir a los medios de comunicación, pone en duda que algunas de las conversaciones grabadas relacionadas con el caso Gürtel que han sido reproducidas en los medios fueran interceptadas con todas las garantías legales. Concretamente, se refiere a varias conversaciones que tienen como elemento común al empresario imputado Álvaro Pérez, El Bigotes, quien, obviamente, está en el centro de la investigación, independientemente de quiénes fueran sus interlocutores. Las posibles irregularidades que ve Trillo en esas grabaciones le sirvieron para acusar a la policía de estar suministrando información a la prensa. Fuentes del PP citaron, como una evidencia más, una información de la Cadena SER del 31 de julio en la que, basándose en fuentes judiciales, se hablaba de conversaciones privadas de Trillo supuestamente con uno de los magistrados del Tribunal Superior valenciano que archivó el caso de cohecho contra Camps. Al dejar caer esta idea, se insinúa que el PP cree que es Trillo quien tiene el teléfono pinchado, pero nadie quiso ayer decirlo así.

En la comparecencia de prensa en la que anunció la presentación de esta denuncia, Trillo tuvo cuidado de descartar expresamente la implicación del ministro del Interior en lo que él consideraba una utilización política de la Policía Judicial, responsable de la investigación, por parte de las fuentes de EL PAÍS y de la SER. Ayer, Cospedal fue mucho más lejos y amplió considerablemente esas acusaciones.

Las denuncias de Cospedal son el último derrape en la estrategia del PP, liderada por Trillo, de poner todo el acento en las informaciones periodísticas sobre la corrupción en su partido para eludir el fondo del asunto. Llegan, además, en un momento de supuesto relajo de la tensión en torno a la corrupción, tras el archivo de la causa contra Camps, el lunes. La interpretación sui géneris del delito de cohecho que hizo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana será recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y por el PSOE valenciano al Tribunal Supremo, que puede reabrir la causa en unos meses si no está de acuerdo con la decisión.

Ese recurso, anunciado por la vicepresidenta del Gobierno desde Costa Rica sin esperar a que lo hiciera la Fiscalía, es lo que dio pie a una catarata de declaraciones de líderes del PP acusando al Gobierno de haber dado orden al fiscal de perseguir judicialmente a su partido. Entre ellas, la frase de Cospedal sobre ETA, en la que se reafirmó plenamente ayer, y que lleva la tensión política al borde de la ruptura institucional.