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Los escándalos que afectan al PP

El PP cree que Trillo, Camps y Cospedal fueron espiados de manera ilegal

Los populares sospechan que los tres dirigentes tuvieron el teléfono "pinchado"

A pesar de las responsabilidades exigidas al Partido Popular por el Gobierno, los jueces y la Policía, que han instado a los populares a presentar pruebas o retractarse, el PP insiste en ratificar la acusación que ayer lanzó su secretaria general, María Dolores de Cospedal, sobre supuestas escuchas ilegales a miembros de su partido y ha revelado que la propia Cospedal, el portavoz de Justicia, Federico Trillo, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, pueden tener los teléfonos "pinchados", según fuentes populares citadas por las agencias.

Fuentes del PP ya insinuaron que Trillo podía haber sido objeto de escuchas ilegales cuando citaron una información de la Cadena SER del 31 de julio en la que, basándose en fuentes judiciales, se hablaba de conversaciones privadas de Trillo supuestamente con uno de los magistrados del Tribunal Superior valenciano que archivó el caso de cohecho contra Camps.

Las reacciones contra las acusaciones de Cospedal se han sucedido en cascada. Jueces, fiscales y policías han mostrado una postura unánime al pedir al PP que se retracte o que presente pruebas que acrediten los supuestos pinchazos telefónicos. Las principales asociaciones de jueces han tachado de "calentón", "torticeras", "mendaces" o "perturbadoras" las acusaciones vertidas este jueves por Cospedal, quien acusó al Gobierno de someter a su partido a escuchas ilegales utilizando para ello la colaboración de jueces y fiscales. Los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (FdV) y Jueces para la Democracia (JpD) piden al PP que demuestre en un tribunal los hechos o que los desmienta. También el Consejo General del Poder Judicial y la Unión Progresista de Fiscales han compartido la postura de las asociaciones de jueces.

Desde la Policía, los principales sindicatos -Sindicato Unificado de Policía (SUP), Confederación Española de Policía (CEP) y Sindicato Profesional de Policía (SPP)- han negado este viernes la participación de cualquiera de los agentes del Cuerpo en escuchas telefónicas ilegales porque este tipo de intervenciones deben contar siempre con la autorización de un juez para evitar la vulneración de derechos fundamentales. Mientras que los dos últimos han criticado duramente la denuncia de la secretaria general del PP, el SUP, que también pide pruebas o rectificación, ha subrayado que la acusación de escuchas ilegales puede tener fundamento porque "los nuevos elementos tecnológicos de los que disponen los Cuerpos de Seguridad les permiten interceptar y escuchar las conversaciones que se emiten desde los teléfonos móviles sin dejar ningún rastro".

El Gobierno también seha sumado al aluvión de críticas que le llueven desde ayer al PP. Sin embargo, si ayer el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, se mostró muy duro al exigir a Cospedal que abandone la política si no prueba sus acusaciones, hoy el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha limitado a pedir "sentido de la responsabilidad". "Sus dirigentes saben que afortunadamente tenemos una justicia que funciona conforme a los criterios del Estado de derecho", ha afirmado.