La juez imputará a un alto cargo, fichaje de Aguirre, por el espionaje

Sergio Gamón, director general de Seguridad hasta julio de 2008 y hombre de confianza de Esperanza Aguirre -ella lo fichó y lo mantuvo como asesor tras destituirlo por el presunto robo de un ordenador del área de Justicia-, es el alto cargo del Gobierno de Madrid que ordenó seguir noche y día al entonces consejero de Justicia y vicepresidente segundo, Alfredo Prada, en 2008. Lo confirmaron ayer los tres asesores -los ex guardias civiles José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado- del consejero de Interior Francisco Granados que declararon como imputados por el espionaje político en el juzgado número cinco de instrucción de Madrid. La juez anunció a los letrados presentes que en septiembre citará a Gamón como imputado por un delito de malversación de caudales públicos.

Los tres ex guardias reconocieron que habían mentido a la policía

Los tres ex guardias civiles no sólo admitieron que habían seguido como una sombra a Prada durante repetidas jornadas, desmenuzadas por sus posicionamientos telefónicos, sino que reconocieron que mintieron "por la presión mediática" existente cuando les interrogó la policía en marzo pasado. Entonces negaron haber participado jamás en seguimientos a Prada. Según esto, su jefe, Gamón, también mintió cuando acudió al Parlamento regional: "Nunca he ordenado ni consentido ni amparado ningún tipo de espionaje ni seguimiento a cargos políticos", dijo entonces.

Ahora, medio año después de que EL PAÍS destapara el escándalo, que fue repetidamente desmentido por Aguirre, sus subordinados han reconocido los seguimientos a Prada, pero los encuadraron en supuestas contravigilancias. Sin embargo, a preguntas del letrado de Prada, José Aníbal Álvarez, confesaron una sonora incongruencia: en todas estas repetidas jornadas de marcaje a Prada nunca le informaron de que tal contravigilancia; tampoco a su escolta, ni al Ministerio del Interior. Su coartada plantea un problema añadido: las contravigilancias son competencia del Ministerio del Interior, que sí alertó a Prada cuando lo contravigiló a raíz de una amenaza etarra. Los tres ex guardias explicaron que no redactaron los partes sobre sus seguimientos a Prada, sino que informaban verbalmente a Gamón. La juez, por si acaso, les hizo realizar unas pruebas de escritura para cotejarlas con las anotaciones que figuran en algunos partes.

Los asesores de Granados también recalcaron que ellos informaban igualmente a Gamón si sospechaban de alguna matrícula, pero que era su jefe, el director general de Seguridad, quien accedía a la base de datos para identificarlas (otra tarea ajena legalmente a la Comunidad de Madrid). Entre las matrículas anotadas en los partes figuran algunas reservadas, correspondientes a políticos y miembros del Poder Judicial que comieron con Prada.

Cuando declararon ante la policía en marzo pasado, ninguno de los tres ex guardias invocó que entre sus funciones se encontrara la realización de contravigilancias. Y José Manuel Pinto, otro de los sospechosos, garantizó que tal tarea era ajena a sus funciones legales.

Los tres ex guardias negaron ayer haber seguido o espiado al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, cuyos partes de seguimiento no han podido ser cotejados con los posicionamientos telefónicos de los ocho agentes de Aguirre investigados al haber caducado la fecha de custodia legal de éstos.