Menudo chiringuito

Recalo un año más en la Cala. A los tópicos de siempre -este verano hace más calor, el agua está más fría y revuelta- se han sumado dos nuevos: la crisis económica y la guerra de los chiringuitos. Buenos temas para aderezar la charla en el Bar Paco, en Las Mimosas, ante una abundante ración de jibia a la plancha.

Todos se quejan: hay menos turistas, están menos tiempo y gastan menos. Las cifras oficiales hablan de una disminución de un 10%. A Paco le preocupa el otoño: ¿qué harán los ingleses que pasan largas temporadas en la costa, con una libra devaluada?

Pero el tema estrella son los chiringuitos. La primera pregunta que le hacen los veraneantes a Juanmi, el camarero que atiende en el Merendero Papa O, es: ¿este chiringuito lo van a tirar o no?

En Papa O están relativamente tranquilos. Situado al otro lado del camino que separa la arena de la playa de la urbanización Las Mimosas, tiene 149 metros de superficie y la concesión administrativa en regla.

Otros lo tienen más difícil. En Andalucía hay 2.000 chiringuitos, de ellos 800 en la arena. Lo que comenzó siendo un negocio menor se ha convertido en una poderosa industria del ocio que da trabajo a 40.000 personas y mueve 500 millones de euros anuales.

La ley de Costas de 1988 señala que los chiringuitos no podrán exceder de 150 metros y entre uno y otro deberá haber al menos 200 metros. Las concesiones que, antes de la entrada en vigor de la ley, eran por 99 años, son ahora de 15 años renovables. Precisamente cuando se iniciaba el periodo de renovación estalló el conflicto entre Medio Ambiente y los chiringuiteros.

En la Costa del Sol hay 322 chiringuitos. Según el ministerio, sólo 68 tienen una concesión vigente. Otros están en proceso de renovarla o no la tuvieron nunca. Muchos han surgido de forma anárquica y mantienen unas condiciones higiénicas deplorables.

El conflicto se aplazó al otoño. Será entonces cuando la Junta de Andalucía, que asumirá estas competencias, estudie caso por caso. El consejero de Turismo, Luciano Alonso, ha advertido que "habrá que quitar aquellos que no cumplan la ley".

Porque las leyes están para cumplirlas, aunque a veces uno tenga la impresión de que algunos políticos se pasan media vida haciendo leyes y la otra media incumpliéndolas.

Meditaba sobre este asunto ante un espeto de sardinas que con maestría prepara Pedro en Papa O, cuando leí que 31 alcaldes de la Axarquía malagueña piden que se legalicen 10.000 viviendas construidas ilegalmente en los términos municipales que gobiernan. Los hay de todos los colores políticos, que a esto de saltarse la ley a la torera lo mismo se apunta un alcalde socialista que uno popular. Además, piden que se modifique la ley para que no se consideren delito de prevaricación (por el que podrían ir a la cárcel) las licencias de obras que concedieron sabiendo que eran ilegales.

En Marbella, la alcaldesa popular Ángeles Muñoz pretendió legalizar medio millar de viviendas, sobre las que pesaban órdenes judiciales de demolición.

Me pregunto si vivo en un país donde algunos tienen el derecho a violar sistemáticamente la ley o a modificarla cuando les interese por razones penales o electorales.

Me pregunto qué pasa en un país en el que los votantes del primer partido de la oposición no lo castigan en las urnas (encuesta del CIS), después de conocerse que algunos de sus dirigentes han sido sobornados (presuntamente) por una trama corrupta que, entre otras cosas, organizaba bacanales con prostitutas de lujo para ganarse la confianza de alcaldes populares.

No tengo respuestas. Me como la última sardina de Pedro mientras contemplo cómo crece un nuevo edificio al borde mismo del acantilado bañado por el mar en la Cala.

¡Menudo chiringuito!