Venezuela revisará las expropiaciones a españoles

España y Venezuela acordaron ayer poner en marcha un mecanismo para resolver el problema de los casi 200 hispano-venezolanos cuyas fincas han sido ocupadas o expropiadas por el régimen bolivariano. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, anunció la creación de una comisión mixta que se constituirá el próximo 13 de agosto y se reunirá cada 15 días para examinar y agilizar los expedientes. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que "el marco legal y constitucional está muy claro", pero reconoció demoras burocráticas y mostró su interés en despejar un asunto "con el que se especulaba para hacer daño a las relaciones hispano-venezolanas".

Los dos ministros hicieron este anuncio pocas horas antes de que Moratinos se reuniera, en el Consulado español en Caracas, con representantes de los afectados por las expropiaciones y ocupaciones de tierras. El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, remitió la semana pasada una carta al presidente venezolano, Hugo Chávez, en la que le recordaba que durante su última visita a España, en julio pasado, se había comprometido a resolver el contencioso, sin que nada se haya hecho desde entonces.

Los seguidores de Chávez no sólo han ocupado fincas, sino incluso talleres

El Gobierno español, alegan fuentes diplomáticas, reconoce el derecho de Venezuela a llevar adelante la reforma agraria y poner en explotación tierras ociosas. El problema, según esas fuentes, radica en que muchas fincas son ocupadas por seguidores de Chávez sin respaldo legal alguno y, en otros, los trámites administrativos se alargan indefinidamente, provocando la indefensión de los propietarios. "Lo que pedimos", añaden, "es que resuelvan, en un sentido o en otro. Si hay expropiación, que paguen; y si no, que devuelvan las tierras a sus dueños".

El Ministerio de Asuntos Exteriores estima en 88 los expedientes de fincas rústicas pendientes de solución y en 23 las urbanas, pues no sólo se han ocupado latifundios, sino también solares e incluso talleres. Se trata de un asunto delicado, ya que Venezuela no reconoce la nacionalidad española a los expropiados, y enturbia todas las relaciones, ya que crea inseguridad jurídica y disuade la inversión.