Hay caso

La juez que con paciencia instruye el caso del supuesto espionaje a dos relevantes cargos públicos del Partido Popular, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; y Alfredo Prada, ex consejero autonómico de Madrid y ahora responsable nacional de Emigración en el PP, ha citado como imputados a tres ex guardias civiles, contratados a dedo como asesores, duplicándoles el suelo, por el consejero de Interior, Francisco Granados, que une a su cargo el de secretario general del PP de Madrid.

La juez entiende que hay indicios de un delito de malversación de fondos públicos, utilizados supuestamente para perpetrar algo especialmente execrable en el sistema democrático: el espionaje a un adversario político para utilizar la información en los combates internos del propio partido. Tras el supuesto espionaje, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, destituyó de su cargo de consejero a Prada, una de las supuestas víctimas de los seguimientos. Los agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid invadieron la intimidad de Prada, hasta el punto de seguirle de madrugada cuando salía de cenar con su mujer y su hija.

Prada y Cobo denunciaron los hechos, primero a la Fiscalía y luego a la juez. La reacción de Esperanza Aguirre y sus portavoces fue, de una parte, lanzar una campaña de insidias contra EL PAÍS, que fue el medio de comunicación que denunció el caso, y de la otra, habilitar una comisión de la Asamblea de Madrid destinada a dar carpetazo al asunto después de teatralizar una mala ficción de investigación a la que no fueron autorizados a comparecer ni siquiera los políticos espiados, además de rechazar el acceso a la documentación. La técnica de matar al mensajero, utilizada de forma ejemplar por el Gobierno de la Comunidad, ha ido instalándose posteriormente como el mecanismo central del PP a la hora de enfrentar los casos de corrupción.

La afición al espionaje condujo más tarde a poner en marcha una nueva trama para facilitar a un medio de comunicación complaciente con el PP y dispuesto a tapar el escándalo, todo tipo de documentación privada, como los vales de comida del chófer de Prada para desmentir que estuviera en los sitios de los que hablaban los partes escritos de los espías y de los que existían testimonios fotográficos.

El portavoz del PP de Madrid, que también une a su condición la de consejero de Sanidad de la Comunidad, Juan José Güemes, llegó a decir que los partes del espionaje se habían fabricado en la redacción de EL PAÍS, conociendo de antemano que había datos manuscritos imposibles de falsificar, como la matrícula reservada de un coche de contravigilancia antiterrorista que los agentes vieron en los alrededores de un restaurante donde comía Prada.

Ahora la juez ha dado un primer paso. Hay caso y es obligada la reapertura de la comisión parlamentaria en condiciones decentes para que se conozcan todos los detalles de este caso de espionaje político.