Desplantes Camps

Como político, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se presenta ante los ciudadanos ardiendo en deseos de decir la verdad (aunque se niega a hablar), pero como imputado se resiste como gato panza arriba con todos los recursos a su alcance: ahora quiere la suspensión de la causa como paso previo a su archivo definitivo. Son condiciones -las de político e imputado- muy distintas, que responden a intereses distintos, pero al confluir en la misma persona deberían propiciar un discurso un poco más coherente y menos contradictorio.

El resultado es que Camps rehúye explicarse de manera clara y creíble respecto de la acusación de cohecho que pesa contra él ante la única instancia legitimada para exonerarle: los tribunales. No sólo ante los ciudadanos ni ante sus votantes, a quienes los medios públicos de la Comunidad Valenciana -especialmente Canal Nou- hurtan información sobre el proceso abierto: siguen en esto el vergonzoso ejemplo presidencial de responder con silencios y evasivas líricas cada vez que se le pregunta. Con esta conducta intolerable, cuyo clímax se alcanzó el martes en la conferencia de prensa con el ministro de Fomento en Madrid, Camps no menosprecia a los periodistas, como él cree: menosprecia al conjunto de los ciudadanos (también a sus votantes), merecedores de otro trato en una sociedad democrática.

Ayer, en la vistilla previa a la decisión de apertura de juicio oral, se consumó el último intento por parte de la defensa de evitar a su cliente sentarse en el banquillo ante un jurado popular. Es arriesgado predecir las resoluciones judiciales, y no es procedente hacerlo, pero la experiencia enseña que es altamente improbable que un juez instructor desautorice su trabajo, sobre todo si tiene la solidez del realizado por el magistrado Flors.

El despiece del caso Gürtel en tres trozos, al tiempo que priva a la mayoría de los imputados no aforados del juez predeterminado por la ley -la Audiencia Nacional-, beneficia al menos de momento al pequeño grupo de aforados dependientes del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Valencia. En el caso de Camps y los otros imputados valencianos, el despiece ha prefigurado un proceso por cohecho impropio, que deja fuera la posibilidad de investigar si los trajes y demás prendas de vestir recibidas de la trama corrupta de Correa han tenido algo que ver con los contratos por más de siete millones de euros otorgados por la Administración valenciana a Orange Market.

En el marco de este proceso no cabe investigar ni imputar al que hace el regalo, como ayer decidió Flors, que remitió esa investigación al Tribunal Superior de Madrid. ¿Pero qué pasaría si en el proceso de Madrid apareciesen indicios de que los trajes regalados a Camps y compañía han favorecido las buenas relaciones de Orange Market y su jefe Álvaro Pérez con los diversos departamentos autonómicos facilitadores de los contratos?