El ex alcalde de Boadilla evita ir de testigo a un juicio

Las presuntas corruptelas en el Ayuntamiento de Boadilla vienen de lejos. El responsable del plan urbanístico del municipio, el arquitecto Leopoldo Arnaiz, se sentó ayer en el banquillo de los acusados por supuestas irregularidades en la modificación parcial del plan en 1998, que permitió recalificar las 200 hectáreas donde se asentó la ciudad financiera del Banco Santander Central Hispano (BSCH). Se le acusa de asesorar al BSCH mientras tenía responsabilidad de funcionario y de utilizar información privilegiada para favorecer a particulares. La vista tuvo que suspenderse por la incomparecencia de seis testigos, entre ellos el ex alcalde popular del municipio Arturo González Panero, implicado en el caso Gürtel.

Un plan polémico

González Panero -al que algunos miembros de la trama liderada por Francisco Correa llamaban El Albondiguilla-, no era alcalde de Boadilla en la época en la que se modificó parcialmente el PGOU, pero llegó al cargo un año después y estaba al frente del Ayuntamiento cuando se aprobó el nuevo plan, por lo que la defensa considera que su testimonio como testigo puede ser importante.

La acusación que pesa sobre Arnaiz apunta a que negoció con los propietarios de los terrenos donde más tarde se asentó la ciudad del BSCH al mismo tiempo que era el responsable de determinar su uso. Estas 200 hectáreas tenían calificación de suelo rústico y pasaron a ser de sector terciario, lo que permitió multiplicar su valor hasta por 10, según algunos propietarios de los terrenos.

Arnaiz, aparentemente molesto tras la suspensión del juicio, ha visto cómo la vista se aplaza hasta tres veces. Una por un problema con las competencias de la audiencia en 2008 y otra en febrero pasado, también por incomparecencia de algunos testigos que ya fueron multados en su día. Algunos de ellos volvieron a faltar ayer, provocando la tercera suspensión, a la que no se negó la defensa del acusado. José Manuel Vázquez Rodríguez, juez responsable del Juzgado número 4 de Móstoles, donde se juzga el caso, anunció que volvería a haber sanciones para quienes se ausentaron ayer.

La defensa de Arnaiz solicitó la prescripción de los presuntos delitos. Las acusaciones caducan en tres y cinco años respectivamente y dependerá del criterio del juez determinar si los supuestos asesoramientos ilícitos del arquitecto se produjeron suficiente tiempo antes de la admisión de la querella, en 2001, como para que el caso haya prescrito. El arquitecto ha sido responsable de los planes de ordenación de varios municipios madrileños.