"Los jueces no se inventan los problemas"

"Parámetros razonables", "racionalizar los recursos", "adecuar los gastos a las necesidades"... El discurso de Begoña Álvarez Civantos (Granada, 1968), plagado de referencias a la contención del gasto, demuestra que la nueva consejera de Justicia y Administración Pública es una gestora para tiempos de crisis. Jurista multidisciplinar especializada en derecho administrativo e internacional, Álvarez está reconstruyendo los puentes con los jueces, muy deteriorados tras el caso Mari Luz y la huelga del pasado marzo. Aunque piensa que "la justicia necesita un cambio", la consejera aplica sus dotes de experta en negociación: "No hay necesidad de llegar a un acuerdo en todo, hay que aprovechar los acuerdos parciales y avanzar en los desacuerdos".

"Hay que aumentar la ratio de jueces y apostar por vías extrajudiciales"

"Mejoraremos el reglamento de asistencia jurídica gratuita"

Pregunta. ¿Qué balance hace de sus primeros dos meses en el cargo?

Respuesta. Han sido muy intensos. La administración, los operadores judiciales y la ciudadanía tenemos un diagnóstico común sobre los problemas de la justicia, pero no coincidimos en los remedios. Hemos tenido contactos con todos los sectores y todos nos han manifestado su apoyo. Ahora estamos en pleno trabajo de planificación, haciendo estudios que lleven aparejadas soluciones concretas para cada jurisdicción y cada órgano.

P. La jurisdicción penal, la que más alarma social genera, tiene miles de ejecuciones de sentencia pendientes ¿Cómo piensa paliar esta situación?

R. La cifra de ejecuciones pendientes está por encima de los módulos del Consejo General del Poder Judicial, aunque no de forma alarmante. Ha habido casos que han impactado a los ciudadanos y a nosotros muy profundamente y nos importa que el periodo entre la sentencia y la ejecución total sea el menor posible. Hemos planificado con el juez decano de Sevilla los Servicios de Apoyo a la Ejecución en los juzgados penales, que van a ser realidad a final de año. En realidad es la nueva oficina judicial pura y dura: de cada juzgado penal se va a coger funcionarios para un servicio común para ejecutorias. En Málaga también se han interesado.

P. ¿Se va a retirar el personal de refuerzo que se incorporó a algunos juzgados penales tras el caso Mari Luz para agilizar las ejecutorias?

R. Los refuerzos se ponen en casos extraordinarios, no son aumentos de plantilla. No pueden ser soluciones definitivas, no sería adecuado. Va a seguir habiendo refuerzos en para temas extraordinarios como instrucciones muy voluminosas o complejas, pero de forma transitoria y coyuntural.

P. Aunque la penal es la más alarmante, la jurisdicción más colapsada es la contencioso-administrativa ¿Qué piensa hacer?

R. En todas las jurisdicciones queremos poner medidas de resolución extrajudicial de conflictos y mediación, incluso en penal. En Jaén hay un servicio de mediación penal que funciona perfectamente. En lo contencioso, hemos formado un grupo de expertos para crear un tribunal administrativo, que serviría, entre otras cosas, para resolver recursos de alzada. Sería la primera vez que una comunidad autónoma crea un órgano administrativo semejante.

P. ¿Y para el resto de jurisdicciones?

R. Cada vez que hay una crisis económica se disparan los asuntos en civil, social y mercantil. En estos casos presentaremos pronto una batería de respuestas coyunturales, que estamos consensuando con los sindicatos y los operadores judiciales.

P. Puede dar la impresión de que mientras España tenga un ratio de 10 jueces por habitante, frente a 16 en Portugal, o 24 en Alemania las medidas son solamente un parche.

R. Las medidas no son un parche. Son las soluciones que se barajan en toda Europa. En Alemania se está recurriendo también a la vía extrajudicial. Hay que compatibilizar el aumento de la ratio de jueces sin perder de vista las medidas por las que apuesta Europa.

P. ¿Considera que existen motivos para una huelga de jueces en septiembre?

R. No entro a valorar los motivos. Los jueces son grandes profesionales que sufren un sistema caduco y que no da respuesta a la ciudadanía. Nadie se inventa ningún problema, exponen las realidades que viven. Desde que tenemos las transferencias de justicia hemos hecho un esfuerzo importantísimo: hemos apuntado la plantilla en más de 2.000 funcionarios y hemos creado más de 200 órganos judiciales, más que ningún otro gobierno. Los medios y materiales que tiene la justicia son los mejores que ha habido nunca.

P. No sólo los jueces tienen quejas. Los abogados de oficio de Almería han renunciado de forma masiva para protestar contra el nuevo reglamento autonómico de asistencia jurídica gratuita.

R. En este tema, el interlocutor que han definido los colegios de abogados provinciales es el Consejo Andaluz de la Abogacía. En nuestra primera semana en la Consejería, el presidente del Consejo nos transmitió las disfunciones de la actual regulación del turno de oficio, y fuimos receptivos a sus propuestas de mejora. El reglamento tiene poco más de un año y la orden tiene meses de vida. Tenemos voluntad de mejorarla con el Consejo Andaluz de la Abogacía, a pesar de que ninguna norma se revisa a los tres meses de entrar en vigor.

P. ¿Se conoce ya la solución concreta para celebrar el macrojuicio del caso Malaya, con 103 imputados?

R. Los técnicos están trabajando en ello. Creemos que la Ciudad de la Justicia de Málaga tiene capacidad para albergar el juicio con muy pequeñas modificaciones y niveles de satisfacción muy altos para todos los usuarios. Además, invertir una cantidad muy elevada para un juicio extraordinario cuando hay tantas cosas ordinarias que solucionar no es sensato.