Guipúzcoa expedientará a Eizaguirre si tiene vínculos con el 'caso Bravo'

La Diputación de Guipúzcoa está a la espera de que el juez confirme la imputación de uno de sus funcionarios, Rufino Eizaguirre, en el procedimiento penal por el fraude de la empresa Glass Costa Este Salou, de la que era socio, para ordenar la apertura de un expediente disciplinario contra él. El portavoz foral, Eneko Goia, aseguró ayer que aún no se ha previsto tomar ninguna medida disciplinaria contra Eizaguirre, actualmente adscrito al Departamento de Cultura y denunciado por la Fiscalía por cinco delitos contra la Hacienda Pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos, los mismos por los que está acusado su amigo y socio en varios negocios Víctor Bravo.

González cree innecesario analizar todos los expedientes de la etapa Bravo

"Todas las medidas [contra Eizaguirre] están encima de la mesa y no se descarta ninguna", afirmó el peneuvista Goia, quien quiso precisar que cualquier decisión disciplinaria deberá producirse si se confirma la implicación del funcionario en la causa admitida por el Juzgado de Instrucción 1 de San Sebastián.

Rufino Eizaguirre fue jefe de la oficina técnica del gabinete del diputado general durante el mandato de Joxe Joan González de Txabarri, quien le cesó en mayo de 2007 tras aparecer su nombre citado en la denuncia de la Fiscalía por la estafa millonaria en la Hacienda de Irún, dirigida por José María Bravo, hermano de Víctor. Está, por lo tanto, vinculado con los dos escándalos más graves que afectan directamente al funcionamiento y prestigio del fisco guipuzcoano.

Eizaguirre y Bravo llevan destinos paralelos en ambas causas. El ex director de la Hacienda guipuzcoana y ex senador del PNV es desde hace poco contribuyente de la Hacienda alavesa, lo que podría dificultar las actuaciones inspectoras que contra él pudiera emprender ahora el fisco guipuzcoano, pero no en el caso de que lo ordene el juzgado.

Por su parte, Eizaguirre está acusado de participar presuntamente en la trama que defraudó 2,15 millones de euros a la Agencia Tributaria mediante la deslocalización de la empresa catalana Glass Costa Este Salou, que simuló tener su domicilio fiscal en San Sebastián para obtener cuantiosos beneficios fiscales del régimen especial de promoción de empresas que contempla la normativa tributaria guipuzcoana, sin parangón en la de territorio común.

Es propietario del 7,1% de las acciones de Glass Costa, la misma participación que Víctor Bravo, con quien comparte negocio en las sociedades Roza Cabera y Ekialde 4021. Consta como administrador único de esta última empresa, y ambas figuran entre las utilizadas para "encubrir la ilícita procedencia del dinero" que cobraban a los deudores los presuntos implicados en el fraude de Irún, actualmente en fase de instrucción.

Tanto Eizaguirre como Bravo, además de la esposa de este último, Arantza Arbelaitz, están siendo en este momento sometidos a un plan de inspección que la Diputación guipuzcoana ordenó a su departamento a mediados de 2007. Las investigaciones siguen aún su curso y comprenden el periodo entre 2003 y los ejercicios siguientes. En este plan figuran todas las personas físicas y jurídicas relacionadas con el escándalo de Irún.

El diputado de Hacienda y Finanzas, Pello González, opinó ayer que no sería "efectivo ni eficaz" investigar todos los expedientes tramitados en la época en que Víctor Bravo fue director de Hacienda, entre 1991-2003. "Sería como matar moscas a cañonazos", dijo. Y agregó que su departamento continúa vigilante para descubrir los fraudes fiscales.