El PP se lo juega todo a la idea de que una sala conservadora salvará a Camps

Dimisión es para el PP una palabra maldita, que en ocho años de Gobierno de José María Aznar, pese a multitud de escándalos, sólo pronunció Manuel Pimentel. Es una palabra que sólo se utiliza para exigírsela a los socialistas. Este año, con éxito, puesto que Mariano Fernández Bermejo dimitió de ministro de Justicia por cazar sin licencia con el juez Baltasar Garzón, y Alberto Saiz, por supuesta utilización fraudulenta de los medios del CNI.

Pero ayer esta palabra maldita empezó a circular en el PP asociada a uno de los suyos, uno de los más importantes, Francisco Camps, todopoderoso barón valenciano, gran aval de Rajoy en la lucha interna del partido.

Hasta la secretaria general, Dolores de Cospedal, evitó descartar esa posibilidad. ¿Si acaba en el banquillo dimitirá?, le preguntaron en la televisión de Castilla y León. "Dependería de muchas circunstancias y fundamentalmente de una opinión personal", aseguró para concluir que ella prefiere "esperar al procedimiento judicial y no tratar de presionar desde el punto de vista mediático a lo que pueden hacer los jueces".

El entorno de Camps asegura que todo está controlado

En el PP empieza a instalarse la idea de que a Camps sólo le queda un cartucho, que ya no hay plan B. Si la sala acepta el recurso que va a presentar contra el auto del juez José Flors, que ve "indicios racionales" de cohecho y sobre todo trata de probar que mintió al decir que él pagó todos los trajes, ya no habrá salida, sentencian varios dirigentes. Camps seguirá teniendo el apoyo de Mariano Rajoy incluso entonces, pero los que le conocen creen que no resistirá la presión. Por responsabilidad y también por no hacerle pasar ese trago a su familia y a su gente, dicen, se irá.

Sin embargo, en el PP se ha instalado también la idea de que eso no va a suceder. Los populares, con la información que les llega desde los dirigentes de la Comunidad Valenciana, están absolutamente convencidos de que la Sala del Tribunal Superior de Justicia que decidirá sobre el recurso le dará la razón a Camps.

La sala, explican estas fuentes, estará con toda probabilidad compuesta por tres magistrados conservadores miembros de la APM -Flors es de la moderada asociación Francisco de Vitoria, pero ni mucho menos es un juez de los considerados próximos al PSOE o anti-PP- y por tanto la confianza en que les dé la razón es mucho mayor.

Diversas fuentes del PP hablan abiertamente incluso de las vinculaciones personales que hay entre algunos jueces y dirigentes populares que están sirviendo para que les hagan llegar el mensaje de la gravedad de lo que se está jugando y la importancia que para el partido y el Gobierno valenciano tiene una decisión como ésta.

Todos recuerdan en privado que Juan Luis de la Rúa, el presidente del tribunal -que ayer cumplía su mandato y está a la espera de que el Poder Judicial decida sobre su puesto- y probablemente de la sala que juzgue el recurso de Camps, es tan amigo de este político que dijo en público: "la palabra amistad no es suficiente para definir nuestra relación".

Camps y su entorno, por su parte, según fuentes de la dirección, están trasladando el mensaje tanto a Rajoy como a otros dirigentes de que el asunto está controlado. Pero no sólo en privado. Los valencianos están tan seguros que incluso se juegan en público todo a esta única carta. "Faltan dos escaloncitos", dijo Camps. Y ayer fue más claro aún el conseller de Inmigración, Rafael Blasco, que expresó su "convicción personal" de que su jefe "no va a tener que sentarse delante de la Justicia por estos hechos".

Mientras, el PP sigue intentando minimizar los hechos y, sobre todo, evitar que se hable de la posible mentira de Camps, que insistió varias veces, en público y ante el juez, en que él pagó todos los trajes en metálico en la tienda de Madrid. De hecho, es el único de los imputados que dijo eso, los demás aseguraron que se los pagaron a la red de Francisco Correa, algo más difícil de contrastar, por lo que Camps se ha metido en un embrollo jurídico peor que el de sus compañeros. "Estamos hablando de una multa como mucho de 2.000 euros", insistió Cospedal, lo que supondría asumir que pudo haber regalo y por tanto el valenciano pudo mentir.

Rajoy ha decidido creer a su fiel barón cuando dice que pagó los trajes, pero en la cúpula del partido se ha instalado ya una gran incredulidad con el optimismo de Camps, que primero dijo que los jueces no admitirían el caso, después que no lo imputarían, después que no habría juicio oral y ahora que la sala le dará la razón. Si ha fallado cuatro veces, ¿por qué no una quinta?, se preguntan en Génova.