La Generalitat anula concursos de obra pública para ahorrar

El Departamento de Agricultura sacó a concurso la construcción de una nave taller en Les Borges Blanques que debía adjudicarse el mes pasado, pero la consejería lo anuló el 25 de junio mediante una resolución que envió a varias constructoras y a la que ha tenido acceso este diario. El Ejecutivo catalán justifica la marcha atrás del proyecto por "el impacto negativo de la actual crisis económica en las finanzas de la Generalitat" y por el acuerdo que el Ejecutivo catalán había alcanzado dos días antes para reducir gastos del presupuesto para 2009.

Los departamentos de la Generalitat empiezan ya a decidir de dónde recortar sus gastos. Y los constructores temen que las consejerías tomen el ejemplo de Agricultura y echen atrás algunas obras públicas. Es más, la patronal del sector, la Cámara Oficial de Contratistas de Cataluña, mandó en junio una circular a sus asociados en la que acusa a las administraciones de hacer repercutir en las empresas "sus dificultades financieras".

En el documento, los constructores incluso sostienen que la empresa pública GISA está pidiendo a los contratistas que reduzcan el ritmo de las obras para tener que atender menos pagos. El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas lo niega.La Generalitat está viviendo el segundo encontronazo con los constructores. Cuando la obra pública debe ser la receta anticrisis, los contratistas no ven más que síntomas de que ésta también pierde fuelle. La patronal ya denunció hace apenas tres semanas que hay 33 proyectos de pisos sociales y rehabilitaciones del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) que llevan meses sin ser adjudicados por la falta de crédito. Ahora el punto de mira es la constructora pública GISA. Si no cambian las condiciones de los contratos, sostienen, las empresas se verán abocadas al "colapso".

El informe de la Cámara Oficial de Contratistas de Cataluña (CCOC) que recibieron las empresas asociadas sostiene, en primer lugar, que la contratación de obras hasta mayo por parte del Gobierno central cayó el 30%, y la de la Generalitat, el 47%. Pero el grueso de la carta se centra en las condiciones que impone GISA, las cuales, según la CCOC, asfixian al sector.

Los contratistas están preocupados, primero, por los avales que deben conseguir como garantía antes y en el momento de empezar la obra. Éstos son de entre el 10% y el 15% del importe presupuestado de la obra, aunque la circular apunta que pueden superar el 20%.

Los constructores ven exageradas estas condiciones y recuerdan que ahora las entidades financieras consideran que estos avales, y todavía más en el sector de la construcción, tienen el mismo riesgo que un crédito para atender los pagos cotidianos. Además, recuerdan, porque la Ley de Contratos del Sector Público fija que la garantía es del 5%. Fuentes de GISA afirman que éstas son las condiciones exigidas, pero puntualizan que son las garantías de siempre.

La segunda preocupación viene por la oferta financiera que deben realizar las constructoras. Para garantizar el pago de las facturas a 60 días en obras de más de 5,15 millones de euros, GISA exige que la empresa le busque un crédito con un tope. Hasta febrero era del Euríbor y un diferencial de 0,5 puntos, y luego se subió al Euríbor más dos puntos. Los constructores sostienen que en junio todavía se firmaron contratos que se publicitaron antes de febrero y que exigen una prima máxima de 0,5 puntos. Tanto fuentes empresariales como financieras consultadas coinciden en que estas condiciones son prácticamente imposibles de hallar, y eso se traducía en que el constructor debía asumir el coste de la financiación de GISA.

En la empresa pública matizan esta acusación. Sí se exigen esos los diferenciales, sostienen, pero se está estudiando cambiarlos para adaptarse a la situación financiera. De hecho, fuentes cercanas al Ejecutivo catalán explican que éste prevé subir el diferencial a una horquilla de entre 2,5 y 3 puntos. Lo que sí dejan claro es que las condiciones que deben cumplir los constructores son "las de siempre". "El Gobierno no ha cambiado ningún criterio porque haya crisis. Al contrario, hablaremos para que todo sea más favorable", afirma un portavoz de Política Territorial y Obras Públicas.

Los contratistas temen, no obstante, que el plan de ajuste presupuestario se traduzca en menos licitaciones. Fuentes del departamento que dirige Joaquim Nadal niegan que estén pidiendo que las empresas reduzcan su facturación y agregan que no se ahorrará en obras públicas, salvo la línea 9 del metro. Sin embargo, aunque sea con una obra pequeña, Agricultura ya ha sido el primero en cerrar el grifo y tener que anular un proyecto previsto. Y los constructores temen que cunda el ejemplo.