Confusión nuclear

El Gobierno ha decidido prolongar la vida de la planta nuclear de Garoña hasta 2013, dos años más allá de la fecha en que cumple los 40 años para los que disponía de licencia de operación. No se cerrará, por tanto, al final de los 40 años, con lo que se admite que la "vida útil" de una central puede ser superior a la prevista al iniciar su funcionamiento, pero tampoco se ha seguido la recomendación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que proponía autorizar su operación durante 10 años más con la condición, aceptada por la empresa que la gestiona, de realizar un cierto número de inversiones para aumentar su seguridad.

No es fácil adivinar la lógica de esta decisión, más allá de trasladar el cierre efectivo de la planta a la siguiente legislatura. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, afirmó ayer que la decisión de cerrar Garoña en 2013 es "políticamente coherente, laboralmente responsable, técnicamente justificable y energéticamente asumible". Pero lo cierto es que sólo es retórica que no explica nada. Al recortar el plazo de 10 años aceptado por el CSN, las inversiones que se realizarán serán necesariamente menores, se prescinde de una planta de generación de electricidad bien cualificada en todos los estudios internacionales y en perfectas condiciones, según el criterio del CSN, y se aumentan la dependencia energética y las emisiones de CO2 a la atmósfera. La contribución de las energías renovables seguirá aumentando, y es evidente que el impulso en esta dirección debe ser una línea básica en nuestra política energética, pero el problema es la contribución del resto de las energías. Aun si se alcanzaran los objetivos más ambiciosos en materia de renovables, todavía en 2020 su contribución estaría en torno al 40%. Y eliminar la componente nuclear del resto (60% en 2020) implica aumentar la de los combustibles fósiles y las emisiones de CO2.

Dado que la planta está ya amortizada, la Comisión Nacional de la Energía había sugerido que una parte de los ingresos extraordinarios conseguidos por sus propietarios pudiera revertir en la disminución del déficit tarifario o servir para fomentar el desarrollo de las energías renovables. Se ha optado por no tener en cuenta esta opinión. Todo ello sin mencionar las repercusiones sociales y económicas sobre una zona deprimida para la que las alternativas de reanimación económica evocadas no parecen realistas. Ni siquiera serias.