La Junta prepara una ley de punto final de la reforma agraria para 2011

La reforma agraria impulsada por la Junta de Andalucía en la década de los ochenta, con el gobierno de José Rodríguez de la Borbolla, quedará muy pronto reducida a un episodio nostálgico de la historia más reciente de la comunidad. El Gobierno autonómico quiere aprobar antes del final de esta legislatura la Ley de Finalización de los Asentamientos Agrarios, con la que quiere cerrar el proceso iniciado con la puesta a disposición de los colonos de parcelas de tierra procedentes de los latifundios expropiados hace un cuarto de siglo. La intención es racionalizar el uso de las 35.000 hectáreas adquiridas en su día por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y cedidas a los antiguos concesionarios, que ahora podrán acceder a la propiedad definitiva. Además, la ley requisará las tierras que estén infrautilizadas y reservará un pequeño porcentaje para tareas de investigación y experimentación de la Administración.

"Queremos dar el punto final a la Ley de Reforma Agraria, que se planteó con unas necesidades y demandas del campo andaluz en los años ochenta que, afortunadamente, nada tienen que ver con la situación actual", explica la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, que confía en tener aprobado este proyecto de ley en 2011. Su departamento trabaja ahora en la actualización del inventario de asentamientos agrarios titularidad del IARA. La mayor parte de ellos están ubicados en las provincias del Bajo Guadalquivir, donde se declararon miles de hectáreas de interés general y se transformaron en regadío cultivos de olivar, arroz, algodón, trigo o remolacha. Eran parcelas de unas 10 hectáreas cada una que explotaban cooperativas de colonos.

De alguna manera, Aguilera ha querido afrontar la proposición no de Ley presentada en junio de 2007 por el PSOE, y que fue apoyada por PP y PA, para dar por concluida la política de asentamiento en las tierras públicas, recogidas en el Título III de la Ley de Reforma Agraria que apadrinó el que fuera consejero Miguel Manaute. De acuerdo con ese iniciativa legislativa, se debe contemplar la apertura de un período durante el cual se permita el acceso a la propiedad de todos aquellos concesionarios y adjudicatarios de tierras, propiedad del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), en cuyos títulos de adjudicación no esté prevista esta posibilidad. "Los que están trabajando esas tierras tendrán prioridad para quedarse con ellas", apunta la consejera Clara Aguilera.

Otro asunto que deberá abordar la ley es actualizar el valor de esas tierras, un proceso que se abordará por el sistema de capitalización del rendimiento atribuido a las mismas, corregido en función de la antigüedad de la adjudicación, así como del esfuerzo inversor y de generación de empleo acreditado por el adjudicatario durante el período de la concesión. A ello habrá que aplicar la deducción del precio final de las tierras, en el supuesto de acceso a la propiedad, de los importes abonados en concepto de canon por los adjudicatarios. "Queremos que la ley defina esos asentamientos y evalúe en qué situación se encuentran, pues muchos que eran antes terrenos rústicos se enclavan ahora en zonas urbanas, y habrá que concretar las características para que se puedan vender y que los colonos compren o, en su caso, arrienden", subraya Aguilera.

Con esta revisión, Agricultura pretende también adquirir las tierras que ahora están infrautilizadas y acabar con las situaciones de "picaresca" que se dan en la actualidad. Aunque no es la regla general, son muchos los colonos que no han pagado el canon establecido cuando recibieron las tierras para su explotación. "Si unos pagan y otros no se produce una situación de injusticia que debemos corregir", precisa la consejera. Aguilera espera que esta ley salga adelante con el mayor consenso político posible, incluso con el del ala más radical de IU, donde el parlamentario Juan Manuel Sánchez Gordillo viene reclamando una nueva reforma agraria.

Las causas que inspiraron la reforma agraria de los años ochenta fue el aumento de los latifundios en Andalucía y el descenso de la renta agraria. Sirva como ejemplo que, mientras que en 1955 la aportación a la agricultura al PIB andaluz era del 29,4%, en 1981 se redujo al 10,9%. Algo similar ocurría con el empleo, pues el sector agrario ocupaba en 1955 el 56,7% de la población activa total, mientras que en 1983 era sólo el 20,4%.

Según el último informe agrario elaborado por Analistas Económicos, sociedad de estudios del Grupo Unicaja, el precio medio de la tierra agraria en Andalucía era en 2007 de 21.970 euros por hectárea frente a los 10.402 euros por hectárea en el ámbito nacional. Además, en el periodo 1999-2005 desaparecieron 113.414 explotaciones agrarias andaluzas, lo que supone un descenso en torno al 30%, mayor que el registrado en el conjunto de España.