Arriola desvela que Vivienda gasta 2,7 millones al año en alquileres sin ocupar

Una interpelación del parlamentario de EB, Mikel Arana, al consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, terminó ayer en un revolcón para el único representante de esa formación en la Cámara, quien era además el segundo en el organigrama del departamento cuando en la pasada legislatura lo dirigía Javier Madrazo. Arriola desveló que el nuevo Ejecutivo se ha encontrado con un gasto de 2,7 millones de euros anuales para pagar alquileres a propietarios de viviendas que las ceden al Gobierno dentro del programa Bizigune para que éste las alquile, y que permanecen vacías. Son, en total 400 las viviendas que se encuentran en dicha situación, lo que indicaría un desajuste entre la oferta y la demanda que genera un importante gasto a las arcas públicas, según precisó Arriola.

Casi un 18% del presupuesto del programa se va por el desajuste

El problema para el Gobierno pasa ahora por casar oferta y demanda

El Gobierno paga hasta 700 euros mensuales a los propietarios que ponen sus viviendas vacías a disposición del programa y cobra luego un alquiler social a los inquilinos, que no puede sobrepasar el 30% de sus ingresos. El programa en su conjunto está dotado con un total de 16,2 millones de euros, lo que supone que casi un 18% de su dotación se estaría desperdiciando, dado que el Gobierno está pagando, pero nadie se beneficia socialmente de ese gasto, salvo, claro está, quien cobra religiosamente su alquiler independientemente de que la vivienda se ocupe o no.

Arriola indicó que el programa incluye 4.487 viviendas, de las que esas 400 se hallan vacías. El alquiler medio que paga el Gobierno asciende a 570 euros, mientras que el que cobra se euda en 270. Los 300 euros de diferencia lo ponen las arcas públicas. Además, hay captadas para el programa otras 962 viviendas, todavía sin contratar, por lo que aún no suponen un gasto para la Administración.

Iker San Román, director de Planificación de Vivienda en la etapa de Madrazo, aseguró a este periódico que no se trata de un desajuste entre la oferta y la demanda, puesto que en estos momentos hay 8.000 aspirantes potenciales a una de estas viviendas, todos los demandantes del programa Etxebide, entre los que el departamento busca adjudicatarios. "Lo que ocurre es que hay siempre un decalaje entre el momento en que se capta la vivienda y se empieza a pagar al propietario y el momento en que se adjudica a un inquilino, en torno a los dos meses. El parque de viviendas vacías ha sido habituamente menor, unas 250", sostuvo.

El aumento en los pisos vacíos se debería, a su juicio, al resultado de una campaña publicitaria realizada en el primer trimestre del año y al aumento de la cantidad que el Gobierno paga a los arrendadores hasta los 700 euros, que habría generado una avalancha de interesados.

Arriola censuró precisamente ese afán captador de viviendas del anterior equipo de Ezker Batua, cuya política en ese terreno consideró excesivamente "agresiva". Ésta habría dado como resultado justamente la generación de esa reserva de 400 viviendas que no tienen inquilino y de las otras casi mil pendientes de formalizar el contrato con la Administración.

El problema para el nuevo Gobierno es tratar de hacer casar ahora la oferta de las 400 viviendas ya contratadas más las 962 captadas con la demanda de los cerca de 8.000 inscritos en Etxebide. Entre otros inconvenientes que muchas veces motivan el rechazo de las personas a las que se les oferta esta fórmula está la ubicación de esos pisos, en la que muchas veces tampoco coincide la oferta existente con el interés de los demandantes.

Arriola concluyó que resulta preciso reorientar el programa, aunque descartó que vaya a desaparecer. También reiteró el compromiso del Gobierno de que cuatro de cada diez nuevas viviendas protegidas se destinen al alquiler. Ahora es el 25%.