Constructoras y sindicatos se rebelan contra el recorte del gasto de Castells

Las calculadoras echan humo en los 15 departamentos del Gobierno catalán. Entre todos, deben recortar 900 millones de euros del presupuesto de este año. Del total, 50 millones se ahorrarán no cubriendo vacantes de funcionarios y el resto, 850, rebajando básicamente el presupuesto "ajustable" allí donde hay margen de maniobra tras pagar sueldos o gastos fijos. La tijera también afecta a la inversión en obra pública: el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas se lleva el mayor recorte. Una rebaja de casi 300 millones que corresponden en buena parte a las obras de la línea 9 del metro y ha hecho saltar las alarmas entre los constructores.

El recorte de 900 millones fue presentado el pasado martes por el consejero de Economía, Antoni Castells, como el plan de choque con el que el Ejecutivo quiere dar ejemplo apretándose el cinturón además de combatir el déficit, que el año pasado se disparó y alcanzó los 4.862 millones de euros. Pero el tijeretazo provoca la rebelión de las constructoras y los sindicatos, mientras despierta recelos de las ONG. Temen que con tanto recorte sea peor -por lo menos para ellos- el remedio que la enfermedad.

Quien más alerta del efecto sobre la inversión es el presidente del Gremio de Constructores de Barcelona, Néstor Turró. "Hay que diferenciar entre gasto e inversión. En momentos de crisis, el gasto debe ser austero, pero la inversión debe actuar de política anticíclica. Y este plan tiene cifras que reflejan que el recorte de la inversión es importante. Y eso se añade al descenso de la licitación de GISA este año. Estamos recortando actividad, empleo e ingresos".

Como en el resto de los departamentos, los responsables del de Política Territorial y Obras Públicas aseguran que están estudiando exactamente por dónde recortarán, pero que "se mantendrá el nivel inversor". La política "será más de rebajar los ritmos que de dejar de ejecutar obras", afirma un portavoz. Algo parecido indican desde Educación. En ningún caso, dicen, se dejarán de hacer "obras necesarias para la escolarización. El resto se hará o no en función de la urgencia". Ejemplo: las obras para reparar las goteras de un gimnasio tendrán que esperar.

Los sindicatos también han puesto el grito en el cielo al conocer la medida, sobre todo por el tijeretazo en los gastos de personal. Aunque la Generalitat niega que se vaya a producir ningún despido, ayer se manifestaron ante el Departamento de Educación en protesta por "el recorte de plantillas". El secretario de Acción Sindical y Política Sectorial, Simón Rosado, tachó el recorte de la Generalitat de "grave error" y argumentó que "todavía hay margen de deuda y se podría destinar a políticas sociales y de empleo, empresariales e industriales".Aunque el consejero Castells fue tajante y aseguró que no se tocará a "médicos, maestros ni mossos", los sindicatos temen un recorte de personal en la Administración y aseguran que no se renovarán un millar de contratos temporales, entre otros a maestros.

A pesar de que no se expresan con tanta virulencia, las entidades del tercer sector, que trabajan en primera línea de fuego con los ciudadanos que más sufren la crisis -parados, jóvenes, mayores e inmigrantes-, también se han puesto en alerta. "Desconocemos las partidas que se recortarán, pero sabemos que son 19 millones en Acción Social y Ciudadanía, y 26 en Gobernación, de donde cuelgan programas en barrios. Creemos que no sería aceptable un recorte en las ayudas a los sectores más vulnerables y a las entidades que trabajamos con ellos. Estaremos atentos", advierte el presidente de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Carles Barba, después de recordar que la plataforma llamó hace dos meses a considerar "prioritaria la lucha contra la pobreza" y expresó su temor a que "la crisis sea una coartada para reducir las partidas públicas".

"Montilla [el presidente de la Generalitat] se comprometió a no hacerlo y confiamos en él, pero estaremos atentos a cualquier recorte", apunta Barba, que también recuerda que hay entidades pendientes de la resolución de subvenciones correspondientes a 2009 y añade que en otros momentos de recortes se han reajustado subvenciones o convenios con entidades no lucrativas. El martes, después del Consell Executiu que acordó el plan de ahorro, el consejero de Economía, Antoni Castells, aseguró que no se tocará el dinero para los conciertos, innovación, la renta mínima de inserción, las transferencias a los ayuntamiento y la financiación de las universidades.

Por su parte, las agrupaciones de empresarios observan el plan de choque con disparidad de opiniones. "Este tipo de recortes hacen mucho daño a microempresas y pequeñas empresas a las que la no contratación de proyectos que ya estaban apalabrados les puede cortar las alas. Las grandes compañías no se verán afectadas, pero sí cuando hablamos de contratos de 6.000, 18.000 o 30.000 euros", manifestaba ayer el presidente de la Asociación Catalana de Ejecutivos, Directivos y Empresarios, Joan Vilar.

La Pimec, en cambio, considera la medida "muy positiva". Su presidente, Josep González, la ve como algo "imprescindible". La Cecot es del mismo parecer y su secretario general, David Garrofé, juzga "acertada" la medida, puesto que la Administración catalana "necesita adelgazarse". Garrofé considera qu el plan de austeridad debería repleantearse hacia los gastos de personal "que ha crecido de manera considerable". Y añade: "¿Que el recorte puede afectar a la actividad de algunas empresas? Puede ser, pero no podemos permitir que la Administración gaste pudiendo ser más eficiente. Lo importante es que no maltrate a los proveedores, que les pague cuando toca". El presidente de Fomento del Trabajo Nacional, Juan Rosell, loa el esfuerzo de la Generalitat por rebajar el gasto y alienta a que sea más intenso.