Zarrías anuncia que antes de un año la Junta tendrá el dominio de costas

La inflexibilidad que Martín Fragueiro mostró en su reunión con los chiringuiteros en marzo provocó la intervención de la Junta en defensa de una tradición que forma parte de la cultura y modo de vida andaluz y de un sector que estima da empleo a unas 40.000 personas y factura al año del orden de 500 millones de euros. La Junta arrancó al Gobierno el compromiso de crear una comisión tripartita que estudiaría las soluciones para la regularización de los chiringuitos.

La comisión se constituyó ayer en Málaga en una reunión apadrinada por el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, que hace tres meses, cuando estalló el conflicto, aún era consejero de Presidencia de la Junta. Temple de ánimos y tacto eran ingredientes esenciales en la receta de la solución.

La comisión creada ayer estudiará cómo se regulariza caso a caso cada merendero

El secretario general del Mar informó en la reunión de que su departamento tiene ultimado un completo estudio sobre el litoral andaluz que contempla la situación de todos los chiringuitos y su variada casuística. Los hay que están en regla, pero otros muchos tienen concesiones caducadas, o desarrollan una actividad distinta de la autorizada, o tienen dimensiones que exceden lo permitido, o no tienen todas las instalaciones exigidas, o que sencillamente carecen de permiso. Cuando pase el verano se verá la situación de cómo engranar cada uno de los casos de forma individualizada en la ley. "El objetivo es que todos los establecimientos tengan seguridad jurídica", insistió Martín Fragueiro.

En las soluciones y el diseño del nuevo modelo, Costas ve imprescindible la implicación de los ayuntamientos. Habitualmente son los municipios quienes reciben las concesiones previa petición y luego otorgan los derechos de explotación a empresarios. A la reunión de ayer asistió el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Francisco Toscano, que suscribió el compromiso de que los consistorios velen también por el cumplimiento de la ley y del régimen de concesiones y autorizaciones temporales.

Gaspar Zarrías estimó que en los primeros meses del año 2010 la Junta podría recibir las competencias en materia de costas que le otorgará, entre otras cuestiones, la gestión de las concesiones y uso de las playas.

El procedimiento es complejo, aunque según Zarrías se tiene la ventaja de la experiencia previa del traspaso a Cataluña, que las tiene desde enero de 2008. Tras la petición formal de la Junta al gobierno de las competencias, debe constituirse la ponencia técnica, que estudiará entre otras cuestiones los medios materiales y personales a transferir y valorarlos. Y después constituir la comisión bilateral que selle el acuerdo político. En el caso de Cataluña sólo ésta supuso cuatro meses desde el acuerdo técnico hasta la firma definitiva del traspaso.