Leyes preñadas de ideología

El PP aprobará esta semana en las Cortes la Ley de Protección de la Maternidad. El Consell Jurídic Consultiu (CJC), órgano asesor de la Generalitat, advierte de que la norma "contiene declaraciones programáticas impropias de una ley", es "imprecisa" y resulta "confusa". Viene tan preñada de ideología que la oposición parlamentaria la tacha como ley antiabortista, una norma escrita para expresar desde las Cortes la oposición al proyecto de Ley sobre Salud, Derechos sexuales y Reproductivos del Gobierno.

Para el Consell que preside Francisco Camps, la protección de la maternidad pasa por instituir una red de atención a las "madres gestantes" en riesgo de exclusión. La oposición, como el CJC, apuntan una contradicción en los términos "madre gestante" y reclaman ayudas directas a las mujeres para paliar ese riesgo de exclusión, como las ayudas de 4.000 euros por cada nuevo hijo que prometió Camps. Pero la caja está vacía y el objetivo del PP en materia legislativa es dejar impronta, trazar camino.

"Es inconcebible que la ley de salud adolescente olvide cuestiones de sexo"

Se legisla sobre asuntos regulados por el Estado y abre vías al clientelismo

Mediada la legislatura, Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes, celebró "la intensa labor legislativa llevada a cabo por la Cámara" y destacó cinco de las 24 leyes aprobadas en los últimos dos años. Las leyes de integración de inmigrantes; de asociaciones; de protección de la infancia y la adolescencia; de derechos de salud de niños y adolescentes; y de participación.

Todas están cortadas por el mismo patrón. Legislan sobre asuntos que ya regulados por ley estatal, una práctica que el CJC considera "peligros". Si las normas estatales varían o se derogan, sus vertientes autonómicas quedan fuera de juego. Ninguna aporta nuevos derechos reales. Sólo sustentan el reparto de fondos públicos entre las entidades que reconocen. Y, sobre todo, trasladan convicciones particulares al ámbito público.

- Ley de integración de personas inmigrantes. Los asuntos de extranjería son competencia del Estado y el CJC apenas reconoce un resquicio a la Generalitat para legislar al respecto de los inmigrantes. El órgano consultivo alerta sobre la alusión a "personas inmigrantes" y recuerda que las leyes se dirigen a "ciudadanos".

El aspecto más polémico de la norma es el "contrato" que propone a los inmigrantes asentados en territorio valenciano para incorporar los usos y costumbres locales. "¿Los del señor Francisco Camps o los míos?", llegó a preguntarse Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior. Mónica Oltra, portavoz de Compromís, sintetizó ante el pleno de las Cortes: "Lanza un mensaje etnocentrista. El que tenga que firmar ese compromiso, aunque sea voluntario, se sitúa en un plano de inferioridad".

- Ley de asociaciones. La Generalitat no tiene competencias ni sobre partidos políticos ni sobre comunidades de vecinos, sólo puede legislar sobre entidades benéficas, culturales o de voluntariado. Pero el Consell impulsó una ley que incluye medidas indefinidas de "intervención pública" en el mundo asociativo que abren la mano al clientelismo.

"Esta ley solo persigue controlar y fiscalizar la actividad de asociaciones que ya están reconocidas", sentenció ante el pleno Mireia Mollà, de Compromís.

- Ley de derechos de salud de niños y adolescentes. El PP logró el respaldo del PSPV para una ley inocua que sólo viene a abundar en derechos de salud que ya reconoce la Constitución Española. Marina Albiol, de Esquerra Unida, lamentó: "Es inconcebible que una ley sobre salud de los adolescentes no introduzca ni una mención a la salud sexual, a los embarazos no deseados o a la gratuidad de los preservativos".

- Ley de participación ciudadana. Sólo es útil por las competencias de control que atribuye a la Generalitat a la hora de establecer un registro de entidades que serán consultadas sobre futuros proyectos legislativos.

- Ley de protección integral de la infancia. Fue el primer paso hacia la ley de protección de la maternidad. Introduce derechos de las madres gestantes y de los no nacidos. Y recupera al Pare d'Orfes, "una figura que no tiene cabida en el mundo moderno", en palabras de la socialista Lola Huesca, "que representa una política de caridad y entendemos que va contra todo derecho, cultura e imagen de los menores valencianos".