"Te pueden poner un matón"

Después de varios meses en silencio, el alcalde de Estepona, David Valadez (PSOE), ha decidido hacer públicas las presiones que está sufriendo desde que asumió el gobierno del municipio tras practicarse las primeras detenciones por el caso Astapa, hace un año. "Me he sentido amenazado, coaccionado, chantajeado y vilipendiado con amenazas del tipo ten cuidado que se te puede poner un matón, te pueden pegar una paliza o cuídate de lo que te pueda ocurrir", asegura. El regidor rehúsa dar los nombres de las personas que le han mandado estos avisos, ni el número concreto de denuncias que ha interpuesto. "Han sido varias, ya se verá cuando llegue el momento", zanja. El juzgado número 1 de Estepona, a cargo de la trama de corrupción, las investiga.

El Consistorio cumple un año de las primeras detenciones

Valadez, denunciante de las presuntas actividades irregulares que recoge el sumario, no quiere hablar de su papel en el caso. "En todo momento me he regido en mi actividad pública y orgánica en defensa de la legalidad, de la decencia de los intereses colectivos de Estepona y del partido socialista. Lo importante no es quienes han contribuido a desmontar una trama de corrupción, sino si existía una trama, quienes se han beneficiado y quienes han resultado perjudicados".

La investigación judicial, todavía bajo secreto sumarial, sacó del gobierno al entonces regidor socialista Antonio Barrientos, que dimitió tras ser enviado a prisión preventiva, y a cinco de sus antiguos compañeros de partido, que siguen en la corporación como ediles no adscritos.

En este año, sus antiguos colegas le han declarado la guerra en los plenos. Lo último ha sido aprobar una moción para retirar las competencias de la junta de gobierno local, algo que obligará al equipo de gobierno a llevar a pleno decisiones como la aprobación de proyectos, solicitud de créditos de más del 10% del presupuesto. Valadez, que gobierna en minoría con ediles de IU, Estepona 2007, PA, lo tiene complicado para sacar adelante las medidas ya que sólo reúne 11 de los 25 votos de la corporación.

A la retirada de competencias se han sumado dos de los ediles ex gilistas del Partido de Estepona (PES) que pasaron seis meses en prisión preventiva por el caso Astapa y los cinco concejales del PP. "Entre todos [PP, el PES y los imputados] ejercen una mayoría cuyo único fin es ralentizar y obstaculizar la acción del gobierno municipal. El PP está actuando con el convencimiento de que cuanto peor vaya Estepona mejor para sus intereses partidistas", añade.

Esta misma semana el edil de Economía y Hacienda, Antonio Sánchez, ha dejado su cargo. Sánchez, también del PSOE, ha lidiado en los últimos 11 meses con una deuda heredada de 164 millones de euros y enormes dificultades para pagar la nómina de sus 1.300 empleados municipales.

"El municipio no llega, sobrevive a duras penas con una incertidumbre tremenda", dice el alcalde. El dinero llega gracias a la Participación en los Ingresos del Estado, desbloqueados tras comenzar a pagar la deuda con la Seguridad Social y Hacienda, y al Patronato de Recaudación, pero entre ambas cifras no tiene garantizadas las nóminas. "Antes, el Ayuntamiento de Estepona ingresaba miles de millones de pesetas en licencias de urbanismo y no pagaba las cotizaciones, ni a los suministradores básicos. Es imposible que se pueda resolver en meses y sin ingresos excepcionales, una situación creada en décadas", añade.

Para el regidor, la marcha de Sánchez supone la confirmación de que los políticos tienen límites y capacidad de aguante. El mismo confiesa que se ha planteado la misma salida en muchas ocasiones. "Te planteas si realmente merece la pena continuar o no", explica.

Con todo, tiene esperanza en que el panorama cambie en cuestión de días. "Espero que se levante parcialmente si quiera el sumario. Dada la situación en la que estamos, se ha convertido en algo imprescindible. Ha llegado el momento de que todos sepamos lo que hay, porque hasta ahora sólo existen dudas".