Cooperar, no enfrentar

La pesada digestión de un Estatuto que a todos dejó con mal sabor de boca, unida a una crisis que ha diezmado tanto las arcas autonómicas como las del Estado, han agriado desde hace más de un año las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. La mejorable sintonía personal entre los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla tampoco ha contribuido a destensar la negociación sobre la reforma de la financiación autonómica, ya de por sí lastrada por las dificultades de sus respectivos Gobiernos: las dudas sobre cómo afrontar una recesión mal diagnosticada, en el primer caso; y las presiones de los aliados de ERC y la oposición de CiU, en el otro.

Pero al fin parece que en pocas semanas, con un año de retraso respecto a la fecha convenida, ambos Ejecutivos han desbloqueado unas conversaciones que deberían alumbrar un modelo de financiación aceptable y aceptado por todas las comunidades autónomas. El azar y la necesidad han motivado que, tras unas elecciones europeas en las que los votantes castigaron a los socialistas aún más en su granero catalán que en el conjunto del censo, el deshielo de los contactos entre el Gobierno y la Generalitat haya coincidido con la exitosa inauguración de la T-1, la nueva terminal del aeropuerto de El Prat que atestigua el esfuerzo inversor del Estado en Cataluña y debería poner sordina, al menos por un tiempo, al recurrente victimismo nacionalista. La colaboración leal, y no la confrontación táctica o identitaria, se antoja como la mejor fórmula para desactivar los inevitables roces entre administraciones.

Queda por hacer, con todo, lo más difícil: diseñar en tiempos de penuria un marco financiero que reequilibre las cuentas de las comunidades que más contribuyen al actual sistema en vigor -Cataluña, pero también Madrid, la Comunidad Valenciana y Baleares, que suman el 48,5% del PIB estatal- sin penalizar por ello a los otros territorios. Ahora bien, el éxito de esta ardua empresa exige sustituir las proclamas por la pedagogía. Y aclarar, por ejemplo, que, igual que en una comunidad de vecinos el propietario del piso más grande aporta más en las derramas y se beneficia de las obras como el resto, las autonomías que generan más riqueza deben seguir contribuyendo a la solidaridad, pero sin verse privadas de los recursos precisos para sufragar los servicios que prestan a sus ciudadanos.