Estrasburgo revisará la fianza del capitán del 'Prestige'

La Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), ha admitido la petición de la defensa del capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, para que se revise la resolución que dio por buena la fianza de tres millones de euros que se le impuso al marino griego en 2002, cuando ocurrió el naufragio. El abogado de Mangouras, José María Ruiz Soroa, alega que la decisión del tribunal de avalar la fianza "plantea una cuestión grave de carácter general relativa a la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos", por lo que, asegura, será analizada por los cinco jueces que conforman la Gran Cámara.

Michel Girin, director del Centro de Documentación, Investigación y Experimentación sobre la Contaminación Accidental de las Aguas (Cedre) de Francia cuando se produjo la marea negra, participó ayer en la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal que se celebra en el Pazo de Mariñán de A Coruña. "La decisión de alejar al Prestige, sin entrar en la oportunidad política de hacerlo, tuvo como efecto positivo la europeización del problema, lo que permitió que se adoptaran medidas para mejorar la capacidad de respuesta en futuros accidentes", afirmó Girin, quien considera que los comités de crisis que gestionan este tipo de catástrofes no deben estar integrados por políticos, sino por profesionales.

Gestión independiente

Para el científico francés es imprescindible disponer de unos protocolos de actuación para los casos de contaminación medioambiental, tarea que reconoció difícil pero necesaria. "De lo contrario, lo más probable es que se produzca un fallo de organización y de ese error es responsable el Estado", dijo. Girin defendió, en catástrofes como la del Prestige, el papel de los expertos independientes, "que suelen ser amordazados por los científicos del Estado, interesados en minimizarlas". También apuntó que, aunque la información especializada es decisiva, "más importante incluso es la forma en la que se transmite, la labor de comunicación que se realiza para que circule de modo fluido y transparente".

El ex director del principal observatorio de la contaminación marina se mostró partidario de que en estos casos se invierta la carga de la prueba, es decir, que no sean los afectados los que tienen que probar los daños sufridos, sino que sean los causantes de la contaminación los que tengan que demostrar que no tienen relación con el derrame.