La Generalitat pagará en Cataluña la localización de fosas

Aïda Lorenzo tenía 13 meses cuando su madre encontró en el cementerio de Girona la fosa común en la que los franquistas enterraron a su padre tras fusilarlo, en 1939. Ayer, Lorenzo confiaba poder recuperar el cuerpo para enterrarlo, por fin, junto a su madre. Lo decía, emocionada, en el Parlamento catalán, que acababa de aprobar la Ley de Fosas. La norma convierte a la Generalitat en la primera Administración que asume directamente la localización e identificación de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, y que se compromete pagar los trabajos de exhumación de los cuerpos o la dignificación de las fosas en las que yacen. Sólo se opuso el Partido Popular. Este compromiso se deriva de los "derechos -que sanciona la ley- de los familiares a obtener información" sobre sus parientes, y "de la sociedad a conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura".

La Generalitat dio así un paso más que la Ley de Memoria Histórica, que se limita a señalar que las Administraciones "facilitarán" estas tareas de localización a los familiares y establece la posibilidad de subvencionarlas. También va más allá que otras comunidades, como Euskadi, que han apoyado estos trabajos.

Será la Generalitat quien pagará, y por eso se reserva el derecho de decidir si abre la fosa o bien si se limita a señalar el lugar con algún tipo de monumento, algo menos aparatoso. La directora de Memoria Democrática, Maria Jesús Bono, añadió que esa era la opción preferida por la Administración. Se perfila, pues, un modelo catalán de gestión de fosas que difiere de las grandes exhumaciones que han hecho en otros territorios entidades de memoria histórica.

El sistema estaba esbozado ya antes de aprobarse la ley: la Generalitat tiene localizadas en un mapa 179 fosas. Y desde 2003 mantiene un censo de desaparecidos en el que ya constan 3.113 personas. Se sabe dónde están 152 de ellas. En estos casos, sus familiares podrán solicitar ahora a la Administración que actúe. La Generalitat calcula que llevará a cabo tres exhumaciones anuales, como la que ensayó en Gurb (Barcelona) en 2008.

"Hoy he sentido una emoción que no he vivido en 30 años", decía después de la aprobación Pere Fortuny. No podrá recuperar a su padre, que yace en el Fossar de la Pedrera, una de las mayores fosas comunes de Cataluña. Pero estaba alegre porque veía "cerrada una deuda democrática" que, según manifestó ayer, no ha zanjado una Ley de Memoria Histórica "que no se cumple".