El Gobierno eleva al 2,5% el tope de déficit para las comunidades
Las autonomías del PP se oponen a la petición socialista
![Alejandro Bolaños](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Ffeea00e5-b137-42b1-ba1b-f5ebf33d151f.png?auth=bfe8b0a84668bb5389bc2cc6006bab5ee7b912875154facd406e86599ce27674&width=100&height=100&smart=true)
El Gobierno tuvo que modificar su objetivo de estabilidad presupuestaria para 2010 apenas una semana después de presentarlo en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo cedió ayer a las presiones que venían esta vez de su propio bando. La precaria situación de las cuentas autonómicas llevó a las comunidades socialistas a exigir un límite de déficit más amplio. Y el Gobierno acabó apoyando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera elevar del 2% al 2,5% del PIB el tope de déficit global para los Gobiernos autónomos.
El límite que la ley fija para las comunidades es del 1%, pero la excepcionalidad de la situación impulsó al Gobierno a elevarlo al 2% el pasado viernes. Ayer, el margen se amplió más, al 2,5%. Con esta revisión, el déficit conjunto de las administraciones públicas llegará al 8,4% del PIB en 2010, según la estimación del Ministerio de Economía. "Con un 2% las comunidades tendremos problemas para hacer los presupuestos, tenemos que mantener el gasto en educación, sanidad o dependencia", advirtió horas antes de la reunión el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que llegó a reclamar el 3%.
La iniciativa socialista contó con la oposición frontal de las siete comunidades del PP, y de Ceuta y Melilla, también en manos de los populares. "Es una llamada a la inestabilidad, aumentar el déficit encarecerá el endeudamiento y traerá un riesgo mayor de contracción", afirmó Gerardo Camps, vicepresidente de la Comunidad Valenciana. Los populares, que votaron en contra, propusieron dejar el límite en el 1% del PIB.
"Hemos hecho una consulta técnica, y nos hemos asegurado de que eso no nos impedirá reconducir el déficit en los próximos años", afirmó la vicepresidenta económica, Elena Salgado, quien justificó la decisión en la necesidad de "mantener políticas anticíclicas" y atender las competencias sociales de las comunidades.
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