El juez Urquía seguirá tres años más fuera de los juzgados

El Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial se han cruzado en la pretensión del magistrado Francisco de Urquía -condenado en firme por cobrar un soborno de 73.800 euros de Juan Antonio Roca- de volver a la judicatura. Después de purgar la pena de 21 meses de suspensión por cohecho que le impuso el Tribunal Supremo, Urquía solicitó el pasado abril el reingreso en el servicio activo de la carrera judicial. Ayer, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó la reincorporación ya que, aunque se ha extinguido la condena, los antecedentes penales derivados de ésta siguen vigentes.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, están "incapacitados para el ingreso en la carrera judicial", entre otros, "los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación". En el caso de Urquía, el CGPJ entiende que esta rehabilitación no se produce hasta la cancelación de los antecedentes penales. El Código Penal establece que para los delitos "menos graves" -entre ellos, los que comportan una pena de suspensión inferior a cinco años- los antecedentes se extienden hasta tres años después de que se cumpla la condena. La pena de Urquía acabó el 26 de marzo de 2009, por lo que no podrá optar al reingreso hasta la misma fecha de 2012.

Además, el reingreso puede retrasarse aún más si Urquía resultara condenado por otra causa en la que se encuentra imputado. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera que existen indicios de que Urquía participó en el intento de extorsión al empresario hotelero David Shamoon, imputado en el caso Hidalgo, que instruía el propio Urquía.