El Servef investiga el cobro ilegal de comisiones a cambio de cursos

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de cursos de formación para parados a varias empresas especializadas en esta clase de docencia.

La investigación tiene lugar después de la presentación de una denuncia en la que se afirma que entre los años 1998 y 2002 uno de los funcionarios de la Consejería de Economía recaudó, en nombre del PP, el 15% del importe de los cursos para parados adjudicados por la Generalitat.

La Consejería de Economía, de la que depende el Servef, no ha respondido a los requerimientos de este periódico. Sin embargo, una comunicación de la secretaria general del Servef, Pilar Máñez, da cuenta de que a primeros de año inició "actuaciones previas en aras a esclarecer los hechos denunciados y determinar las posibles medidas legales a adoptar con arreglo al vigente ordenamiento jurídico".

El denunciante dice que se abonaron con talones varias 'mordidas'

En la denuncia se adjuntan notas manuscritas con las cantidades

La denuncia, presentada por un ex socio de una de las empresas que supuestamente pagaban la mordida del 15%, atañe al periodo entre 1998 y 2002, aunque se ha presentado ahora.

Las comisiones se pagaban en talones al portador en cantidades que nunca superaban los 3.000 euros (500.000 pesetas de entonces) para evitar que se pudiesen rastrear por parte de la Agencia Tributaria. Las empresas adjudicatarias de los cursos de formación -entre las que figuraban las sociedades Eurotutor, Medicontrol e Interlumen- que aceptaron pagar las comisiones llegaron a superar la decena, según la denuncia.

De acuerdo con la información proporcionada por el denunciante, el funcionario, ya jubilado, Fernando Machí, era el encargado de entregar la lista con las empresas seleccionadas para impartir los cursos a los parados. Esta lista, supuestamente, incluía a las empresas que se habían comprometido a pagar la comisión a cambio de la concesión.

Machí negó que hubiese sido requerido por el Servef para aclarar las adjudicaciones. "Siempre ha habido rumores, era habitual que eso ocurriera, pero yo sólo era uno más del comité que adjudicaba los cursos", sentenció.Machí reconoció que, en la etapa referida, se denunciaron irregularidades en la adjudicación de cursos de formación para parados, pero que ningún juzgado le llamó a declarar. "Está todo como se hizo siempre, a nosotros nos llamaban el clan del Inem y en aquella época se denunció a una serie de empresas porque tenían muchos cursos", explicó el funcionario retirado. Machí recordó, además, que el superior del que dependía, el entonces director territorial de Formación de la Generalitat en Valencia, Joaquín Vañó, es hoy director gereral de Formación y Cualificación Profesional de la Generalitat.

La denuncia, sin embargo, da detalles precisos sobre el modo de funcionamiento y adjunta varias notas manuscritas. En una de ellas se reclama a las empresas Eurotutor, Medicontrol e Interlumen las comisiones de los cursos para parados que les habían sido adjudicados entre diciembre de 1998 y febrero de 1999. Otro de los documentos que la denuncia asegura incluir es un escrito en el que aparecen los números hechos por el denunciante y por el denunciado sobre las cantidades entregadas y las pendientes.

En el escrito se indica que Machí llegó a ser presidente del comité que concedía los cursos de formación para parados, en el que también estaban representados los principales sindicatos y diversos miembros de consejerías. Posteriormente, el propio funcionario, siempre según la denuncia, se encargaba él mismo de supervisar que se impartiesen los cursos para parados.

Según los cálculos del denunciante, que fue socio de una de las empresas que abonaron la comisión del 15% por cada adjudicación, las cantidades recogidas a cuenta de los cursos para parados pudieron llegar a los tres millones de euros durante el periodo comprendido entre 1998 y 2002.

Además de los cursos de formación para parados, y siempre según la denuncia, las intermediaciones en nombre del Partido Popular también se produjeron en la adjudicación de controles de calidad, programas juveniles y sociales a cambio de porcentajes que oscilaban entre el 5% y el 15% del monto total.

Los escándalos relacionados con la adjudicación de cursos de formación no son algo nuevo. La Consejería de Economía ya abrió en 2001 un expediente sancionador al propio Machí en relación con la homologación de las academias que impartían cursos para parados.