La defensa de Ibarrondo sostiene que no hay base en el 'caso Ali'
"Hay base probatoria para ver que hay prevaricación urbanística; no se respetó la normativa ni en el fondo ni en la forma". Con esta contudencia se mostró ayer el letrado José Ángel Esnaola, abogado de la acusación popular en representación de Ezker Batua (EB), para referirse a la actuación del ex concejal de Urbanismo de Vitoria, el popular Jorge Ibarrondo, en el caso Ali. Ibarrondo se enfrenta a una petición fiscal de seis meses de cárcel y seis años de inhabilitación por haber permitido construir en un solar siete chalés en lugar de seis, en contra del criterio de los técnicos municipales, que nunca avalaron la correspondiente licencia urbanística. El juicio quedó ayer visto para sentencia. Ambas acusaciones mantuvieron sus peticiones de pena.
El ex edil, alejado ahora de la vida pública, consideró el proceso como un caso de "linchamiento político". Su abogado, Pedro Luis Elvira, concluyó que su cliente no prevaricó al autorizar la concesión de la licencia urbanística por la que se permitía construir siete viviendas en lugar de las seis que los técnicos consideraban preceptivas. Y aportó una novedad, desconocida hasta la fecha: "Dicho expediente quedó aprobado tres meses antes de que Ibarrondo lo firmase, por silencio administrativo", señaló, con lo que, en su opinión, no resulta posible estimar jurídicamente el expediente firmado por el entonces responsable vitoriano de Urbanismo.
Expediente
El fiscal y el abogado de la acusación popular insistieron en que Ibarrondo dio por buenas las consideraciones del arquitecto de la constructora en lugar de los informes negativos presentados en dos ocasiones sucesivas por los técnicos municipales.
El ex edil obligó a transformar el expediente de la parcela en cuestión tras escuchar al representante de la firma Salgado Iglesias, quien argumentó que el terreno sumaba más de 2.000 metros cuadrados. Los informes técnicos y jurídicos del Ayuntamiento señalaban que no llegaba a esa superficie, preceptiva para levantar la séptima casa que quería la constructora.
El letrado de EB señaló que no se pueden resolver licencias en contra de los informes de los funcionarios. "Supone una agresión a la autoridad administrativa inaceptable en democracia", apuntó.
La defensa de Ibarrondo se plantea emprender acciones legales al menos contra uno de los técnicos que declararon el pasado miércoles.
