La Fiscalía Anticorrupción en Mallorca investigará hasta debajo del asfalto. Buscará, con catas dispersas, pruebas delictivas en el interior de una carretera de cuatro carriles y 50 kilómetros de longitud para saber si en su ejecución, entre 2004 y 2006, se vulneró el proyecto, se redujeron gastos y se malversaron fondos públicos. Los supuestos cobros de sobornos figuran en la acusación fiscal de la causa penal abierta y afectan a un político de Unió Mallorquina (UM), dos funcionarios y una decena de empresarios y proveedores, que fueron detenidos y acusados el pasado mes de marzo.
Las compañías que construyeron la carretera efectuaron, de manera simultánea a las obras, trabajos diversos en las segundas residencias o domicilios de los tres encausados del Consell, en los pueblos de Manacor, Búger y Petra. Las supuestas dádivas -de decenas de miles de euros en cada caso- consistieron en iluminación exterior, una pista de futbol sala, camiones de tierra de cultivo, muros de piedra, jardinería y plantaciones y hasta un chalé, según la fiscalía.
El caso implica a un político, dos funcionarios y 10 empresarios
La infraestructura que será excavada en catas es la seudoautovía MA-15, la carretera desdoblada Palma-Manacor, que fue adjudicada por el Consell de Mallorca con mayoría PP y UM, pero bajo control de este grupo bisagra, hoy aliado de la izquierda. La obra pública costó 156 millones de euros.
El PP de Jaume Matas, a petición de UM, cedió al Consell la gestión exclusiva del proyecto porque UM quería hacer "una carretera a la mallorquina", con menos impactos y polémicas que las autopistas de Ibiza del PP.
La indagación judicial desvelará si se extendieron las miles de toneladas de materiales presupuestadas y facturadas. Las extracciones permitirán conocer el grueso dado a cada una de las sucesivas capas de cientos de miles de metros cuadrados de pavimento, aglomerado, gravas, mezclas del firme base y explanado.
En la obra y en el negocio de la MA-15 coinciden dos uniones de empresas, prácticamente con los mismos integrantes, la concesionaria de la explotación y la constructora. La gestora de control de la concesión, Melchor Mascaró, fue dirigida hasta 2001 por el actual director ejecutivo de Carreteras del Consell, Gonzalo Aguiar, de UM, uno de los encausados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de junio de 2009