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El PP defiende ahora los contratos por los que echó a López Viejo

La oposición reprocha el despiece de facturas para favorecer a Correa

El Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) se escudó ayer en dos artimañas para ocultar su responsabilidad en contratar con las empresas de Francisco Correa, el principal implicado en el caso Gürtel. Y ello, pese a que tres diputados de su partido han sido imputados en la trama y uno de ellos, el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, fue obligado a dimitir. Ninguno asistió ayer a la comparecencia en la Asamblea del consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, para dar cuenta de las contrataciones.

La primera argucia fue que el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, convocó una rueda de prensa a la misma hora en que comenzaba la comparecencia de Beteta.

La segunda estratagema consistió en que éste último argumentó la "validez legal" de las facturas. Precisamente lo que ha sacado a la luz la investigación del caso es que los contratos con las empresas de Correa, en su mayoría destinados a actos institucionales de la presidenta Aguirre con los distintos consejeros, se trocearon para eludir la fiscalización. Además, según explicaron varios consejeros, López Viejo era quien organizaba todos los eventos de la presidenta y quien decidía a su antojo la empresa encargada del montaje, que siempre estaba vinculada a la trama.

"No tienen más que palabrería para tapar la corrupción", dijo el consejero

2,3 millones

Beteta, que sólo admitió explicar los expedientes tramitados en esta legislatura (entre el 19 de junio de 2007 y el 19 de mayo de 2008 y con cuatro de las empresas, Diseño Asimétrico, Easy Concept Comunicación, Good and Better, Servimadrid Integral y Marketing Quality Management), afirmó que únicamente se suscribieron 183 contratos, con una cuantía de 2,3 millones de euros. "La media aritmética de los expedientes es de unos 8.000 euros, importe muy inferior al autorizado por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas [unos 18.000 euros, excluido el IVA]", dijo Beteta. "Las contrataciones han estado sujetas a la Intervención General y al ordenamiento jurídico".

"Es increíble liquidar un asunto tan grave apelando al cumplimiento de la ley", le espetó el portavoz adjunto socialista Adolfo Navarro. "Se llegó a fraccionar hasta 15 veces un contrato para eludir el control. ¿Es eso legal?". "¿Por qué ha dimitido entonces el consejero de Deportes?", planteó la diputada de IU Reyes Montiel."Me da pena el papelón que le ha tocado hacer", le dijo al consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, la diputada de IU Reyes Montiel, que recordó que el PP ha tumbado con su mayoría las peticiones de la oposición para que los consejeros comparecieran en la Cámara regional a explicar los contratos con Correa. "Ahora viene, cuatro meses después, a decirnos que todo es legal. ¿Cuánto tiempo ha tardado en fabricar los expedientes? Porque cuatro meses son suficientes", espetó.

La diputada también cuestionó que Beteta no aportara ningún tipo de documentación en su comparecencia y se negara a hablar de los contratos anteriores a junio de 2007. "¿En la legislatura pasada quién era presidenta sino Esperanza Aguirre? ¿Pocoyó? [personaje de dibujos animados]", ironizó. Montiel también cuestionó que, si todos los contratos eran impecables como había dicho Beteta, dimitiera el ex consejero de Deportes o el ex portavoz adjunto del grupo popular Benjamín Martín, también imputado. "Tras la dimisión de López Viejo usted dijo que tenía cinco millones rondando sin justificar", le recordó la diputada. "Esto da la medida de la culpabilidad de este Gobierno", zanjó.

Beteta, en una carta enviada a este periódico el pasado 20 de febrero, reconoció que ese dinero, procedente de gastos tramitados por la Consejería de Deportes pero que "no pudieron imputarse al presupuesto, serán abonados con cargo al presupuesto de 2009".

En su intervención, el portavoz adjunto socialista Adolfo Navarro repitió la misma consideración que Montiel: "Después de todo tipo de marrullerías para no venir, señor Beteta, se ve usted obligado a hacer un papelón". También afeó al PP que no hubiera sido Aguirre la encargada de justificar las contrataciones. "Debería estar aquí porque los contratos son de todas las consejerías y es la responsable del Gobierno", afirmó. Ella ni siquiera estaba en el hemiciclo.

El cálculo de los socialistas es que hubo casi 400 contratos con las empresas de Correa entre 2004 y 2009, después de que la presidenta regional asegurara haber dado la orden de no volver a tener tratos con él. "Esta presidenta, que está en todo, no me puedo creer que no supiera que se siguiera contratando con Correa", argumentó.

Navarro recordó que el ex consejero imputado ocupó varios cargos, "ninguno con título para obligar a las otras consejerías a contratar con Correa", y que, por tanto, contaba con la autoridad proporcionada por la propia presidenta. "¿Por qué nombró y encumbró a López Viejo y lo cesó si todo estaba tan perfecto?", planteó. El portavoz socialista reprochó a Aguirre no haber "abierto las ventanas": "La presidenta que ha perdido la credibilidad debe dimitir".

Cerró el debate el consejero de Hacienda, que ya no volvió a mencionar la trama Correa. En su lugar, atacó a la oposición por supuestas irregularidades en municipios del sur de la región. "No tienen más que palabrería y engaño para tapar la corrupción, que hiede en el sur de Madrid", arremetió.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de junio de 2009