Fernández explica al juez que no pagó a Hacienda para sanear Afer
El empresario afirma que sólo se defiende de "los ataques"
El presidente del grupo Afer, Jabyer Fernández, justificó ayer el impago del IVA de una operación urbanística de una de sus empresas por un importe de 43 millones de euros en la necesidad de pagar sus deudas y destinar fondos a compañías del grupo en apuros. Fernández declaró ayer durante casi tres horas y media en el Juzgado de lo Penal número 6 de Bilbao como imputado por tres delitos: apropiación indebida, delitos societarios y contra la Hacienda pública.
El empresario fue denunciado el mes pasado por siete de sus ex socios en Iurbernor, una de las filiales de Afer, el mismo día en que se desató su enfrentamiento frontal con la Diputación. La institución foral anunció la rescisión de cuatro contratos de obras con el grupo (todas las que Afer realizaba en exclusiva para la Diputación). Fernández acusó a renglón seguido al diputado general, José Luis Bilbao, de falsificar documentación sobre una de esas obras para "acabar" con su grupo.
Está imputado por tres delitos por usar 43 millones del IVA para otros fines
La imputación a Fernández deriva de la venta de los terrenos del proyecto urbanístico Puerta de Bilbao, en el barrio baracaldés de Lutxana. La crisis puso en dificultad a la promotora Iurbernor, que se vio obligabada a principios de año a dejar la operación, en la que se prevé levantar un total de 2.000 pisos.
La Caixa y la BBK pactaron la condonación de la deuda, que se elevaba a 310 millones de euros, a cambio de los terrenos, una operación que generó un IVA de 42,9 millones de euros, que Iurbenor debía ingresar en la Hacienda vizcaína antes del pasado 25 de abril.
Fernández empleó ese dinero en sanear el grupo, lo que motivó la crisis interna y la posterior demanda de sus hasta entonces socios.
El empresario declaró ayer en su primera citación judicial por esta causa que utilizó el dinero para actuaciones "más urgentes" y negó cualquier irregularidad. Aseguró que realizó la declaración del IVA en el plazo estipulado y a renglón seguido pidió el aplazamiento de la deuda, sobre lo que la Hacienda vizcaína aún no ha respondido.
Los abogados del empresario aseguraron que han ofrecido al juzgado presentar "toda la documentación" sobre el destino de ese dinero y recalcaron que la actuación ha sido "correcta".
Los querellantes se ratificaron la pasada semana en su denuncia al calificar la utilización de este dinero de "improcedente, ilegítima y desleal".
A su salida del juzgado, Fernández declaró que había acudido a los tribunales porque ha sido llamado y que lo único que ha hecho es defenderse de los ataques a su empresa.
