El 70% del Gobierno valenciano dio contratos a la trama corrupta

El 70% del Gobierno valenciano adjudicó contratos a empresas de la trama corrupta que destapó el juez Baltasar Garzón, según se deduce de la identidad de los 35 cargos que desfilaron ayer ante el juez para hablar de las concesiones a las empresas de Francisco Correa. La actividad de Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, como organizador de la mayoría de los actos del PP de la Comunidad Valenciana se fue extendiendo como una mancha de aceite que alcanzó a casi todos los departamentos de la Generalitat.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors, que instruye la causa contra el presidente Francisco Camps por un supuesto delito de cohecho, tomó declaración ayer a 35 cargos y funcionarios de alto nivel de una decena de consejerías que adjudicaron contratos a Orange Market. El Consell que preside Camps tiene 14 consejerías.

Todos los testigos negaron presiones para favorecer a la firma de El Bigotes

Desfilaron ante el juez nueve directores o ex directores generales, cargos de confianza que en la Administración valenciana no tienen por qué ser funcionarios de carrera. Tres secretarios autonómicos y un subsecretario completaron la nómina de cargos de designación política. El resto fueron funcionarios de carrera que formaron parte de mesas de contratación que adjudicaron concursos públicos.

La fiscalía repitió la misma pregunta a todos los altos cargos y funcionarios, según fuentes judiciales. "¿Recibió usted alguna presión, indicación o insinuación para actuar en favor de Orange Market?". No hubo ninguna sorpresa en las respuestas: 35 veces la palabra fue no a distintas modalidades de pregunta.

Las citaciones tenían intervalos de un cuarto de hora y los interrogatorios se presumían cortos. Pero los altos cargos y funcionarios de las consejerías de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, e Infraestructuras tardaron más de lo previsto. Otros apenas declararon durante tres minutos.

Después de comparecer ante el juez, los comentarios a las puertas del Palacio de Justicia tuvieron el mismo tenor. Isabel Villalonga, secretaria autonómica de Política Institucional, dijo: "No puedo decir nada, pero estoy encantada, como todos". Auxiliadora Hernández, directora general de Evaluación Educativa, apuntó: "He salido tranquilísima, igual que entré". David Serra, que fue director general de Deportes durante la pasada legislatura y ahora es vicesecretario de Organización del PP valenciano, concluyó: "Fenomenal, mi declaración ha durado lo que estaba previsto".

Puertas adentro, la fiscalía se interesó por aquellos contratos de servicios que se adjudicaron a dedo por cantidades inferiores a 18.000 euros, los denominados contratos menores que se adjudican sin convocar concurso público. La fiscalía intentó identificar, además, adjudicaciones que aparentan ser independientes pero en realidad responden al mismo objeto.

Mientras los abogados de los imputados insistían en la ausencia de presiones para las adjudicaciones a Orange Market, el ministerio público reclamaba detalles sobre la ejecución de los servicios contratados.

Orange Market se adjudicó a través de concurso público el montaje y desmontaje del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, desde 2005 hasta 2009, por un total unos 5,5 millones de euros. Pero el resto de adjudicaciones que obtuvo fueron a través de procedimientos negociados, cuando se requieren ofertas a tres empresas; o por adjudicación directa en el caso de los contratos menores.

El Consell se ha negado sistemáticamente a ofrecer detalles sobre los contratos menores adjudicados a Orange Market y otras empresas de la trama corrupta. Todos los que se conocen han sido arañados por la oposición parlamentaria, singularmente por el grupo Compromís, o por los medios de comunicación. El monto de todos los contratos de la Generalitat valenciana con la empresa Orange Market suma unos ocho millones de euros.