Fútbol en números rojos

A una jornada del final de la Liga, han vuelto a aparecer datos sobre el deslizamiento hacia la bancarrota del fútbol español. Un estudio académico reciente concluye que el curso se inició con una deuda acumulada de los clubes de primera de unos 3.500 millones de euros, un 26% más que la temporada anterior. No hay datos precisos de la actual, pero sí evidencias de que la cosa será peor como resultado de una acumulación de factores ligados a la crisis: retirada de inversionistas, dificultad para encontrar patrocinadores y resistencia de ayuntamientos y cajas de ahorros locales a seguir apoquinando y financiando deudas incobrables. Además de la evaporación en la crisis inmobiliaria de los ingresos extraordinarios previstos mediante la venta de terrenos recalificados al efecto, que ha sido en la última década un factor decisivo para compensar el sistemático desfase entre ingresos y gastos.

En la temporada 2007-08, sólo el Madrid y el Barcelona tuvieron superávit.

El problema viene de lejos. A finales de los años ochenta, cuando se preveían grandes negocios ligados a la televisión, arribaron al mundo del fútbol espabilados que no se arruinaban pero dejaban arruinados a sus clubes; para hacer frente a esa ola se hizo la transformación en sociedades anónimas deportivas, con la idea de que los propietarios serían más cuidadosos a la hora de endeudar al club. Pero la lógica especulativa se impuso al buen sentido y una serie de factores, el principal de los cuales fue la diferencia brutal de ingresos dependientes de mantener o no la categoría (en proporción de siete a uno, según algunos cálculos), propiciaron fichajes desorbitados en función de expectativas más que de realidades.

La normativa vigente contempla el descenso de categoría de los equipos que no paguen la deuda que tienen con sus jugadores. De los 20 clubes de Primera y Segunda denunciados por ese motivo el pasado verano, sólo tres, de Segunda B, perdieron la categoría. El resto, entre los que figuran Sporting, Alavés y Celta, la conservaron gracias a una utilización habilidosa de la ley concursal, que permite ganar tiempo mediante el nombramiento de un interventor judicial y la renegociación a la baja con los acreedores.