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Reportaje:

El periodismo de chequera tienta

El pago por exclusivas como los gastos de los diputados británicos tiene riesgos - Las fuentes pueden inflar e inventar - ¿Está justificado?

El escándalo de los gastos de los diputados de Westminster ha abierto un debate casi tan viejo como la prensa: las bondades y maldades del periodismo de chequera, de gran tradición en el Reino Unido. Comprar información es algo que los tabloides británicos hacen constantemente y que la llamada prensa de calidad hace cuando le conviene. En España es práctica habitual que la prensa del corazón o los programas de cotilleo de las televisiones se rasquen el bolsillo para hacerse con exclusivas. En la mayoría de las ocasiones, lo que se compra son inocentes bautizos o tormentosos divorcios. En los medios generalistas no son comunes tales técnicas. Al menos, lo que no es común es que las confiesen.

Se estima que el 'Telegraph' dio unos 340.000 euros por el disco con los datos

Scotland Yard renuncia a investigar el origen de la filtración

Los medios recurren al "interés general" para justificar esta tipo de compra

En España, las pujas llegan de la prensa del corazón y de las televisiones

El diario británico The Daily Telegraph tampoco ha confesado, pero se ha apuntado un gran éxito al publicar el detalle de los gastos de los diputados, que tienen derecho a pasar al Estado buena parte de los ocasionados por mantener una segunda residencia para cumplir con su obligación de vivir a caballo entre Londres y su circunscripción electoral para asistir a las sesiones del Parlamento y atender a los ciudadanos a los que representan.

El Telegraph, un diario conservador y en aparente decadencia, se ha convertido en el protagonista arrastrando a la ruina política a un puñado de políticos, encabezados por Michael Martin, el speaker o presidente de la Cámara de los Comunes. La decisión del Telegraph ha sido controvertida no sólo por sus efectos políticos o sus beneficios económicos, sino porque existe la sospecha generalizada, por no decir la certeza, de que ha pagado para obtener los disquetes informáticos con toda la información de los gastos de los diputados desde hace cinco años. Y no sólo eso. Existe la casi total seguridad de que esa información había sido robada por un funcionario del Parlamento, por lo que el diario habría incurrido en un delito al comprar material a sabiendas de que procede de un robo.

El periódico parece haber calculado de antemano los riesgos y ha defendido su actuación en nombre del "interés público". Aunque el Parlamento se disponía a publicar en julio el detalle de los gastos, los diputados habían acordado que se ocultara el detalle de sus direcciones por razones de seguridad. El Telegraph, sin embargo, ha tenido acceso a esas direcciones, lo que le ha permitido airear uno de los puntos más escandalosos del comportamiento abusivo de los diputados: los constantes cambios en la designación de su segundo domicilio para así poder maximizar las ayudas públicas. Se trataba de amueblar, o redecorar, o acabar de pagar un inmueble y luego designar otro como segunda residencia, con lo que el diputado podía volver a redecorar, amueblar o seguir desgravándose intereses hipotecarios.

Scotland Yard ha acabado dando la razón a los estrategas del Telegraph al renunciar a investigar la procedencia de la información a pesar de que reconoce que ésta parece ser consecuencia de la "violación de la obligación pública". La policía ha llegado a la conclusión de que la apelación del diario al "interés público" de la información es tan claro que difícilmente obtendría una condena en los tribunales.

"En principio, no se puede aceptar que la información se compre, pero tampoco ésta puede ser una regla que bloquee informaciones de alto interés público, y los gastos de los parlamentarios británicos lo son", dice el secretario general adjunto de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Paco Audije. En caso de duda, sugiere acudir al código ético de la FIP, según el cual, en el ejercicio de sus obligaciones, el periodista defenderá el principio de recogida de la información de manera honrada. Sin añadidos.

Pagar para proteger a una fuente en peligro es una de las pocas excepciones que el directivo de la FIP admite a la hora de poner precio a una información. En los demás casos, asegura, es un claro acto de corrupción. En cuanto al Telegraph, hay muchas especulaciones, algunas dudas y pocas certezas. "Nadie confirma que se haya pagado. Podemos sospechar que ha habido un acto sucio o corrupto para obtener esa información, pero no existe ninguna constancia. Por tanto, el incumplimiento del código ético no está acreditado. Los propios parlamentarios habían bloqueado proporcionar esa información", añade Audije.

Antes que el Telegraph, otros diarios pudieron haberse apuntado el tanto. Según varios medios británicos, The Times recibió en marzo una oferta de un intermediario, pero no quiso pagar los 340.000 euros que le pedían por el disco duro con los dos millones de recibos de los parlamentarios. El intermediario se dirigió luego a The Sun, que no quería pagar más de 23.000 euros por una parte de los datos. Se estima que el Telegraph ha acabado pagando entre 80.000 y 340.000 euros, probablemente mucho más cerca de la parte baja de la horquilla. Los expertos creen que si los poseedores de la información hubieran conocido mejor el mundillo de la prensa londinense se habrían dirigido a The Daily Mail, un diario profundamente conservador, a medio camino entre el periodismo tabloide y el de calidad y con muy pocos escrúpulos, si es que tiene alguno.

Más allá del debate sobre si es lícito que los medios compren informaciones, el Telegraph pagó menos de lo que desembolsó Telecinco por una serie de entrevistas al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz. La cadena pagó alrededor de 350.000 euros por unas emisiones que pasaron sin pena ni gloria. No provocaron precisamente un gran tirón entre la audiencia. Lo contrario de lo que le ha ocurrido al Telegraph, que ha logrado aumentar su circulación en casi 55.000 ejemplares diarios.

¿Es lícito lo que ha hecho el Telegraph, al margen del resultado de su campaña? En su trabajo Groping for ethics in journalism (Tanteando la ética del periodismo), el profesor Ron F. Smith, de la Universidad de Florida Central, expone cuatro razones en contra del periodismo de chequera. Primero, porque alguna gente está dispuesta a exagerar o mentir si le pagan por ello. Segundo, porque la gente puede ocultar información a menos que le paguen. Pone como ejemplo al funcionario que se ofreció de intermediario entre la prensa y una banda de gánsteres de Los Ángeles para que hablaran a cambio de dinero. "El dinero no es para pagar las entrevistas, sino para mostrar respeto a los miembros de la banda", decía el funcionario. Tercero, porque es un potencial para reducir la calidad del trabajo periodístico. Por ejemplo, es difícil que un reportero plantee preguntas delicadas si el medio ha pagado por una entrevista. Y cuarto, es financieramente peligroso, porque puede provocar una espiral de gastos en los medios que compiten por las exclusivas.

El periodismo de chequera se mueve en EE UU con más mala conciencia que en el Reino Unido, y los medios prefieren ocultarlo. Smith explica que tanto la CBS como la CNN mostraron un vídeo en el que militantes de Al Qaeda envenenan a un perro con gas para hacer una prueba. La CNN primero negó que hubiera pagado y luego reconoció que había abonado el equivalente a 22.000 euros. La CBS dijo que había pagado "una cantidad mínima".

Otro caso citado por el profesor norteamericano es una entrevista de la cadena ABC a Tom Burrell, el controvertido mayordomo de la desaparecida princesa Diana. La cadena pagó 220.000 dólares por los derechos del vídeo-diario del mayordomo, pero un portavoz de la cadena aseguró: "No pagamos por entrevistas".

Los medios británicos nunca facilitan cifras, pero tienen menos pudor en el manejo del dinero a cambio de información en un mercado en el que la competencia es absolutamente feroz. Max Clifford es un experto. Es el hombre que estaba detrás de la venta de la exclusiva de la reciente muerte de Jade Goody, enferma de cáncer. También estaba detrás de una de las historias más lucrativas que se conocen: News of the World y Sky pagaron 800.000 euros a la niñera Rebecca Loos en 2004 por explicar los detalles de sus noches de sexo con David Beckham cuando el futbolista vivía en Madrid y su esposa, Victoria, prefería seguir en Manchester.

El papel de News of the World lo juegan en España las revistas llamadas del corazón y, sobre todo, los programas rosa de las televisiones. Audije tiene claro que son medios inmersos en la información basura los que ponen en circulación los cheques. "En España, los medios que tienden a pagar por algunas informaciones no son precisamente relevantes. Y además, la información que sirven carece de interés público".

El periodismo de chequera tiene un aspecto especialmente controvertido: su capacidad para interferir en la Administración de justicia. Uno de los casos más célebres se remonta a 1979, cuando el hasta poco antes líder del Partido Liberal, Jeremy Thorpe, fue absuelto de la acusación de haber conspirado para asesinar a su antiguo amante, el modelo Norman Scott. Uno de los factores que facilitaron su absolución fue que uno de los testigos de cargo había vendido la historia a un tabloide con la promesa de que el pago se doblaría si Thorpe era condenado.

En enero de 2002, una maestra de escuela de 26 años, Amy Gehring, fue absuelta de la acusación de haber tenido relaciones sexuales con varios alumnos de 14 y 15 años cuando se supo que éstos habían cobrado por sus declaraciones a los tabloides contando su versión de los hechos. Tras ese caso, la Comisión de Quejas de la Prensa (PCC en sus siglas en inglés) introdujo en el código ético con el que se autorregula la prensa británica un apartado que especifica que los medios no ofrecerán dinero a los testigos -o probables testigos- de un caso judicial, salvo que puedan demostrar que la publicación de esa información es de interés público.

Otra cosa que no siempre está regulada es lo que se conoce como la protección de los chivatos, es decir de funcionarios o altos cargos de la Administración que tienen conocimiento de la comisión de un delito y transmiten esa información a la prensa. ¿Pueden denunciar la existencia de prácticas corruptas o que rozan la ilegalidad sin miedo a represalias? La abogada Eva Moraga, experta en transparencia informativa y firme defensora del libre acceso a los documentos oficiales, realizó un informe para el Consejo de Europa en el que se recogían los distintos modelos de regulación. España quedaba fuera, por eso lamenta que la Fiscalía Anticorrupción no tenga arbitrados sistemas para proteger a los funcionarios. "Aun conociendo lo que está pasando, los funcionarios españoles no suelen sacar a la luz los datos por las consecuencias que les puedan acarrear".

Los funcionarios han de andarse con ojo antes de hablar con un periodista porque, en opinión de Borja Adsuara, profesor de Derecho a la Información, "tienen el deber de custodia" de los documentos públicos. "El periodista está obligado a informar, incluso pagando a quien le proporciona determinados datos. La conducta inmoral o delictiva no es del periodista, sino del que filtra esos datos. La policía no debe perseguir al periodista, sino al funcionario que los ha filtrado". Adsuara recuerda que cualquier reportero está protegido por el secreto profesional, pero "romper el secreto de un sumario, por ejemplo, es una cosa muy grave".

Moraga no está de acuerdo con pagar exclusivas -"Siempre va a pasar", dice resignada-, y entronca este fenómeno con "la ética periodística". En la misma línea, Audije afirma que "el periodismo con mayúsculas es un compromiso ético". Algo especialmente necesario en tiempos de crisis, en los que "hay que ser mucho más cuidadoso a la hora de utilizar determinados métodos". Esta precaución va acompañada de una alerta: "Se está confundiendo la velocidad, la transmisión inmediata de las noticias, con el buen periodismo. La preocupación de los periodistas debe ser que las noticias sean correctas y se atengan a la verdad y que se olviden de ser los primeros. Las nuevas tecnologías facilitan la idea de la rapidez, aunque se lance una noticia sin comprobarla. Hay que combatir esta tendencia porque, por ese camino, el periodismo va hacia el suicidio".

Es difícil saber si en España medios de comunicación de los llamados serios compran documentos o dossiers. Adsuara no duda de que ocurre, aunque se pregunta si no es más inmoral que se pague para que no se publique una información.

CASOS SONADOS

Inventar historias

- Alguna gente está dispuesta a exagerar o mentir si le pagan por ello. Ron F. Smith, autor del libro Tanteando la ética del periodismo, pone como ejemplo un capítulo que a punto estuvo de acabar en 1992 con la campaña presidencial estadounidense del entonces gobernador de Arkansas Bill Clinton. Después de que el tabloide Star pagara 150.000 dólares a la cantante Jennifer Flowers por explicar un affair con él, varias mujeres se ofrecieron a un reportero de The Washington Times para inventar historias sobre Bill Clinton si les pagaban bien.

Malas artes

- Algunos casos son legendarios, como el que provocó en 1992 la caída del ministro conservador David Mellor en plena campaña de retorno a los viejos valores morales impulsada por el primer ministro de la época, John Major. El publicista Max Clifford consiguió que el tabloide The People pagara 35.000 euros para convencer a Antonia de Sancha, actriz en paro y amante de Mellor, para instalar cámaras ocultas en el nido de amor de la pareja. El ministro conservador se vio obligado a dimitir tras el escándalo.

El embargo

- Telecinco pactó una serie de entrevistas con el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, para su difusión en noviembre del año pasado, poco después de que saliera de la cárcel al obtener el tercer grado penitenciario. La cadena privada compró la comparecencia televisiva de Muñoz, un clásico de las revistas del corazón, por alrededor de 350.000 euros, pero el juez instructor del caso Malaya decretó el embargo de las cantidades que percibiría el ex alcalde y ordenó ingresarlas en una cuenta bancaria de los juzgados de Marbella.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de mayo de 2009

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