Justicia no tan universal

Una de las pocas resoluciones con las que el Partido Popular ha convencido al Gobierno en el debate sobre el estado de la nación ha sido limitar por ley la jurisdicción universal que tienen atribuida los jueces de la Audiencia Nacional. La decisión llega tras las protestas de Israel y China -en el primer caso, por una demanda sobre supuestos crímenes de guerra durante la ocupación de Gaza, y, en el segundo, por otra sobre supuestos crímenes contra la humanidad en Tíbet- y la oposición de Estados Unidos a que un juez español intervenga en un asunto relacionado con las torturas en la base de Guantánamo.

Ese trasfondo diplomático puede ser la causa de que la reforma se haya planteado poco menos que de tapadillo y apresuradamente, a través de una enmienda al proyecto de ley sobre la oficina judicial ahora en trámite. Se elude así el necesario debate sobre los límites de la jurisdicción universal cuando se ejerce desde un solo país, y no desde instancias extraterritoriales, como la Corte Penal Internacional; una cuestión que se agudizó con la sentencia del Constitucional de 2005 en la que se rechazaba poner límites donde no los establecía la ley de 1985, en la que se atribuye a España jurisdicción universal para perseguir los delitos contra la humanidad.

El compromiso del Gobierno y del PP es introducir esos límites en la ley. Y no parece que puedan ser muy distintos de los que la jurisprudencia del Tribunal Supremo mantuvo hasta que el Constitucional los anuló y abogó por una justicia universal sin restricciones: que haya españoles entre las víctimas y, de no haberlos, que los demandantes deban demostrar previamente que la justicia de su país no ha actuado o que es incapaz de hacerlo. Son límites en principio razonables para evitar que la justicia universal se desnaturalice y banalice y que la Audiencia Nacional se convierta, por falta de filtros convenientes, en foco de atracción de demandas que no van a ninguna parte y en nada contribuyen a la situación de los derechos humanos en determinados países, además de crear roces diplomáticos y dificultar las relaciones entre Estados.

La jurisdicción universal ejercida por la Audiencia Nacional ha cosechado éxitos notables, y no sólo con el caso Pinochet, en la persecución de los crímenes contra la humanidad. Limitarla no tiene por qué impedir que siga teniéndolos; evitará actuaciones que son un brindis al sol o que sólo provocan frustración de las víctimas.