"Hay indefinición y caos normativo", denuncia un informe municipal

La radiografía de esta situación también la dibujan más datos. En este caso los aportó ayer el portavoz de IU, Ángel Pérez. A 31 de diciembre de 2008 había 21.000 licencias pendientes de tramitarse en los ordenadores de las juntas y las distintas áreas de gobierno del Ayuntamiento. De esa cifra, 10.636 proceden de la acumulación de trámites en el periodo 2005/2007 y 11.326 son las que quedan por resolver de 2008.

Pérez criticó que estas 21.000 licencias pendientes conforman un mercado "ya hecho" para las entidades certificadoras privadas por las que ha optado el equipo de Gobierno para resolver estos trámites. Un mercado que aportaría a estas empresas unos 18 millones de euros anuales, que es lo que el Ayuntamiento ingresa cada año en concepto de licencias. Las entidades certificadoras, en cualquier caso, no funcionarían hasta finales de 2010.

El concejal de Hacienda, Juan Bravo, justifica la situación: "El año 2008 ha sido atípico. Hemos regularizado la situación de expedientes en curso. Es decir, digitalizarlos todos. Hemos puesto en marcha la herramienta; por tanto en la entrada que hemos tenido en 2008 ha habido un índice de resolución bajo". Bravo aduce que "el refuerzo de 180 efectivos en las juntas se incorporó en julio y a partir del 1 de enero se podrán juzgar los resultados". Según él, a partir del año que viene se tendrá capacidad para tramitar todas las licencias (20.000) que se solicitan al año.

El Ayuntamiento no es ajeno al problema y posee un detallado diagnóstico de la situación actual. Dicho análisis, al que ha tenido acceso EL PAÍS, está contenido en la memoria anual y en el informe realizado por la comisión de seguimiento de licencias, que se creó el 3 de abril de 2008 a raíz del caso Guateque. Un órgano que, por cierto, aún tiene cuatro de sus nueve puestos sin cubrir.

En el documento hay varios diagnósticos. Pero especialmente, y en tono bastante ácido, diversos reproches. El primero, el de redactar ordenanzas (se entiende que la nueva ordenanza de tramitación de licencias) sin consultar al órgano creado para tal efecto: "En algunos casos ha sido por puro azar que se ha tenido conocimiento de que el documento [la ordenanza] se estaba realizando, mientras que en otros sólo se ha conocido cuando estaba redactado".

A las últimas ordenanzas las define como "documentos con visiones muy parciales de la sistemática a seguir, y su aplicación en la práctica presenta problemas técnicos, jurídicos y de gestión, debiendo incluso en algún caso efectuar modificaciones legales y reglamentarias de gran calado, lo cual parece no ser conocido por los concejales delegados de áreas afectadas".

Y hay mucho más. Al modelo le achaca "una falta de uniformidad preocupante en la tramitación". Lo califica también de "indefinición y caos normativo en cuanto a cuáles son las leyes". Por cierto, cifra en más de "1.000 los decretos, normas, ordenanzas, leyes y reglamentos e instrucciones de obligado cumplimiento que intervienen en la ejecución".

"Este informe anual se opone claramente al proceso de externalización de licencias. Nadie acompaña al Ayuntamiento. Además, la lectura que hace sobre la situación, que define como 'caos normativo', es demoledora", denuncia el concejal socialista Pedro Sánchez.

Precisamente, el secretario de la comisión de seguimiento, Javier del Palacio, critica en el informe la posibilidad de delegar en los colegios profesionales el proceso de tramitación, "un control que compete al Ayuntamiento". "Pueden aparecer intereses corporativos en función de los técnicos actuantes y los técnicos competentes implicados, que inciden negativamente en el sistema de concesión". Si bien los colegios profesionales han quedado descartados por el Ayuntamiento, las críticas que se les aplica en el documento podrían ser extrapolables a las agencias certificadoras que finalmente se encargarán de tramitar las licencias.

IU y PSOE llevarán al próximo pleno sus críticas al estado de tramitación de licencias.