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Brown castigará los abusos de los diputados

El primer ministro de Reino Unido se compromete a investigar las ayudas públicas a los parlamentarios - Los laboristas se hunden en las encuestas electorales

Un Gordon Brown desesperado se comprometió ayer a "investigar y disciplinar" a los diputados que hayan abusado del sistema de gastos de los Comunes, que se verán obligados a devolver el dinero recibido en exceso. "No descarto ningún tipo de sanción", añadió, porque sabe que esa devolución no basta para calmar al público.

El primer ministro intentó así, a través de un artículo en el tabloide News of The World, atemperar a una opinión pública indignada y que amenaza con refugiarse en el extremismo político. A juzgar por la reacción de algunos lectores, Brown no convenció. "Gordon, a ver si tienes las pelotas de convocar unas elecciones ahora, para que podamos resolver este problema ahora, pero apuesto a que no lo harás, gallina", le contesta un lector en la página web del diario. La petición de elecciones anticipadas es un denominador común de muchos comentarios.

Los ciudadanos no ocultan su indignación con la clase política
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Los expertos creen que se trata de un problema de ética, no de corrupción
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Pero el primer ministro no va a adelantar las generales. Primero, porque las perdería por goleada. Segundo, porque se convertirían en una plataforma para partidos extremistas como el ultranacionalista y antieuropeo UKIP o el xenófobo Partido Nacional Británico, el equivalente del Frente Nacional francés. Y, tercero, porque cree que ese desahogo, ese castigo a la clase política, es mejor que se produzca en unas elecciones locales y europeas que en unas generales, entre otras cosas porque así también afectará a los tories.

Una encuesta de estos días otorgaba a los conservadores un 41% del voto y a los laboristas un 22% en unas generales, pero recortaba esos datos al 28% y al 19% respectivamente en unas elecciones europeas.

Los británicos están indignados con su clase política. Hay incluso cierta tensión. "Puedo imaginar a gente corriente yendo por ahí con pistolas y disparando contra los diputados. Yo misma estoy tentada de disparar al presidente de los Comunes", decía en Bracknell (Yorkshire) una pensionista citada por The Guardian. En Bromsgrove, al sur de Birmingham, alguien lanzó un ladrillo contra una ventana de la oficina de la diputada conservadora Julie Kirkbride. El también conservador Alan Duncan recibió unas flores en forma de libra esterlina, una manera de recordarle que se había arreglado el jardín a costa de los contribuyentes.

En Question Time, el debate político de los jueves por la noche en la BBC, el ex líder liberal-demócrata Menzies Campbell y la ministra laborista Margaret Beckett fueron abucheados por un público muy hostil. Con 3,8 millones de espectadores, fue la edición con mayor audiencia en 30 años, superando los 3,4 millones de espectadores en vísperas de la guerra de Irak, lo que da una idea cabal del interés desatado por esta crisis.

A juicio de Alan Doig, profesor de Servicios Públicos de la Teesside Business School y experto en fraude y corrupción, "la gente siempre está descontenta con los políticos porque lo que les importa no es el proceso político, sino el resultado: que funcione la sanidad y la educación". Pero el enfado es esta vez excepcional "porque afecta a todos los partidos y no estamos hablando de corrupción en contratos o de amiguismo, sino de cosas con las que se identifica el público como comprar comida, muebles, etcétera".

"Primero, es un asunto colectivo; segundo, está la naturaleza de las acusaciones, las historias de las piscinas, las pistas de tenis, cosas que la gente no puede permitirse y que va a dañar la imagen de los políticos; y el tercer problema es la respuesta de los diputados, el llanto colectivo en televisión de que no han incumplido las normas. Si sabían que las normas eran un problema, ¿por qué las seguían? Si las reglas no eran éticas, no deberías haberlo hecho", añade el citado profesor de Servicios Públicos.

"¿Por qué han abusado del sistema?", se pregunta Doig. "Porque podían. Mientras cumplieran las reglas. Pero eso no es ético. Esta gente ha crecido en la era del thacherismo y creen que ganar dinero a través del sistema es perfectamente aceptable siempre que se cumplan las normas. Lo mismo los conservadores que los laboristas. Son gente de la cultura del secularismo, del materialismo, de ceñirse a las reglas... No es la cultura del viejo sistema, de la gente de mi generación, que creció con la Iglesia, la escuela, la familia. Esta gente no tiene fronteras éticas muy sólidas".

La gente de la calle cree que los abusos de los diputados son comparables a engañar para recibir más ayudas sociales y por tanto no basta con que las devuelvan: han de recibir un castigo. "Si a mí me pillan robando en un comercio no basta con que devuelva lo robado. Puedo ir a la cárcel", subraya mucha gente de la calle.

Pero, aunque la policía no descarta investigaciones criminales -por ejemplo, a los que exigían la devolución de intereses de una hipoteca que ya estaba saldada o nunca existió- los expertos creen que se trata más de un problema de ética que de corrupción. "La gran diferencia entre esto y los escándalos que vimos en España e Italia en los noventa, o los que aún vemos ahora en España en el sector de la construcción, es que aquí se trata de diputados que presentan unos gastos más generosos de lo que la mayoría de le gente considera razonable mientras que en el caso español y en el italiano hemos visto intereses privados dando dinero a los políticos a cambio de favores", observa el profesor Jonathan Hopkin, profesor de Política Comparada de la Jonson School of Economics (LSE).

"Corrupción normalmente incluye la toma de decisiones para beneficiar a privados cambiando decisiones políticas. Esto no es realmente corrupción porque no se ha cambiado legislación a cambio de dinero como ocurre en España cuando se recalifica un terreno y alguien hace mucho dinero", opina Hopkin. "Esto no es deshonesto, en el sentido criminal, pero no es ético. Yo lo llamaría corrupción moral. Muestra a una institución colectivamente más interesada en sí misma que en el interés público", coincide Doig.

Gordon Brown, ante su residencia en el 10 de Downing Street.
Gordon Brown, ante su residencia en el 10 de Downing Street.AFP

Dinero público para piscinas privadas

Los diputados de los Comunes tienen un sueldo de 72.000 euros anuales que consideran insuficiente porque, dadas las características del sistema político británico, necesitan dos domicilios: uno en el siempre carísimo Londres, donde de lunes a jueves asisten a las sesiones del Parlamento, y otro en su circunscripción, donde atienden a sus electores.

Desde siempre, los sucesivos Gobiernos se han resistido a corregir esa supuesta insuficiencia y desde hace más de 30 años los diputados tienen derecho a cobrar del Estado una parte de los gastos que les ocasiona tener un segundo domicilio. Tienen un tope de gastos de 27.000 euros, la mitad si su circunscripción es Londres.

El problema es que esos gastos se han convertido en un complemento casi automático del sueldo y muchos diputados lo único que hacen es buscar recibos con los que reclamar la devolución de sus gastos a cargo del Estado: intereses de hipoteca, alquileres, muebles, limpieza, etcétera. Eso ha dado paso a claros abusos, desde cobrar gastos suntuosos que nada tienen que ver con la actividad parlamentaria -limpiar la piscina, arreglar la pista de tenis, adquirir caros muebles de diseño- hasta ir cambiando la residencia designada como secundaria para así ir maximizando ingresos o simplemente cargar gastos inexistentes, como los intereses de una hipoteca que ya ha sido saldada o declarar el mismo gasto dos veces en los casos de parejas de diputados o de diputados que comparten el mismo piso en Londres, como hacen los del Sinn Fein.

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