Primera dimisión tras el escándalo de los diputados británicos

El escándalo de los gastos parlamentarios provocó ayer una primera víctima en el Gobierno laborista: el diputado Shahid Malik, secretario de Estado de Justicia, se vio forzado a dimitir hasta que se aclare si violó el código deontológico de los cargos del Gobierno por haber recibido supuestamente trato de favor al pagar el alquiler de su residencia principal en su circunscripción de Dewsbury (West Yorkshire, norte de Inglaterra).

Scotland Yard anunció ayer que ha abierto conversaciones con la fiscalía de la corona para dilucidar si se ha de abrir o no una investigación criminal por el escándalo de los gastos parlamentarios. Muchos de los diputados señalados por The Daily Telegraph han devuelto miles de euros, en parte arrepentidos o forzados por la presión, y en parte para asegurarse de que no están cometiendo un delito.

Un sondeo de You/Gov para The Sun publicado ayer otorga a los laboristas el 22% de los votos si hubiera unas generales (cinco puntos menos que hace un mes), frente a un 41% para los tories. El sondeo pronostica un castigo para los dos grandes partidos en las europeas de junio: 28% los conservadores y 19% los laboristas.

Las acusaciones contra el diputado Malik -uno de los pocos parlamentarios musulmanes de los Comunes- fueron lanzadas ayer por el Telegraph, que sostiene que cobró casi el máximo posible por gastos en su segunda residencia en Londres, 75.000 euros en tres años, y que en realidad éste es su domicilio familiar desde hace años. El diario publica unas declaraciones del casero del diputado en las que afirma que éste le paga menos de 112 euros a la semana por la casa de Dewsbury -en torno a un 40% por debajo del precio de mercado en esa zona- cuando otro inquilino le paga más por una propiedad más pequeña. De probarse que Malik está recibiendo un trato de favor, estaría incumpliendo el código ético ministerial.

Sin embargo, Malik aseguró ayer que no está incumpliendo ese código y el casero vino a darle la razón al hacer pública una declaración en la que asegura que todo ha sido un malentendido con los medios, que el diputado no recibe ningún trato de favor y que de hecho está pagando la misma renta que el inquilino que ocupaba antes la propiedad y que así consta en los correspondientes registros.

Gordon Brown ha encargado una investigación cuyos resultados deberían conocerse en unos días y de momento no ha nombrado sucesor, lo que hace pensar que el diputado recuperará su cargo si la investigación concluye que no ha incumplido el código.