La policía detecta errores graves en el control del dinero de San Fernando

¿Dónde están los 7,6 millones de euros desaparecidos? Es la gran pregunta que todos se hacen en San Fernando (Cádiz), donde ese dinero público se ha perdido de la caja municipal sin que, hasta ahora, nadie haya podido encontrar la respuesta.

La policía sigue el rastro del dinero. Para ello ha iniciado la investigación de las cuentas bancarias de funcionarios y políticos de la ciudad. Hasta ahora no se ha detectado ningún ingreso extraordinario, ni siquiera en los dos trabajadores municipales detenidos por esta causa.

El alcalde, el andalucista Manuel María de Bernardo, volvió ayer a eludir cualquier responsabilidad. Los investigadores, además del desfalco, tratan de demostrar si existe infracción penal en el descontrol de la caja municipal, donde se han detectado numerosas irregularidades.

Los agentes no descartan a nadie en la autoría del desfalco de 7,6 millones

La unidad especializada de delitos económicos y la Policía de San Fernando trabajan desde hace un mes en la resolución de este extraño caso. El juez mantiene el secreto de sumario. Una decisión que deja más sombras que luces sobre un asunto que ya ha provocado el nacimiento de una plataforma ciudadana que exige la dimisión de los políticos y cuyos miembros suelen perseguir al alcalde en cada uno de sus actos públicos. Le reclaman que responda por las cantidades desaparecidas, un dinero que, según el último balance, empezó a faltar en 2002, cuando todavía era regidor local el histórico andalucista Antonio Moreno.

Los investigadores no salen de su asombro tras descubrir cómo se trataba el dinero en la caja municipal. A pesar de los mecanismos férreos que establece la ley, el Ayuntamiento carecía de esos controles. Los arqueos diarios no contaban siempre con la presencia del tesorero municipal, los balances se guardaban en cajas y no eran revisados por la intervención ni por la máxima autoridad local. Los agentes se han encontrado también deficiencias en las infraestructuras. Existía una precaja, donde se movía dinero en metálico para pagos inmediatos y cambio, para la que no había ningún sistema de seguridad.

Era una estancia a la que podía acceder cualquiera. Había una caja fuerte pero sin apertura retardada como exige la norma para cantidades mínimas que en San Fernando se superaban ampliamente. La llave pasaba por muchas manos.

Dos funcionarios fueron arrestados, están en libertad con cargos y siguen suspendidos de empleo y sueldo. La policía, hasta el momento, no ha encontrado nada contra ellos. Alguna propiedad de gran valor, como un coche de alta gama, han podido justificarla con ingresos de otras actividades. El alcalde, el interventor y la tesorera les han apuntado a ellos como los únicos que tenían acceso directo al dinero, pero los investigadores han comprobado que no era así y que más manos lo tocaban. No se descarta a nadie y todavía hay mucha documentación por analizar. Además del desfalco, también se investiga si puede existir un delito por omisión del deber, al estar la caja municipal sin el preceptivo control que marca la norma.