La fiscalía pide penas hasta de 11 años para los paquistaníes que iban a atentar en Barcelona

"El [atentado] de Barcelona fue conducido por 12 de nuestros hombres... por la presencia militar española en Afganistán", aseguró en un vídeo Maulvi Olmar, portavoz del grupo terrorista paquistaní Tehrik e Tehrik e Talibán, un movimiento pastún aliado a Osama Bin Laden. Ayer, la fiscalía de la Audiencia Nacional validó esta declaración y acusó a los 11 procesados, detenidos en enero de 2008, de planificar la voladura del metro de Barcelona mediante acciones suicidas.

El escrito de calificación da verosimilitud al confidente que desbarató el atentado y pide penas para los detenidos de entre 2 y 11 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y falsificación de documentos. Según la acusación, seguían órdenes directas de Baitullah Mehsud, el emir de los talibanes en Waziristán, quien mantiene en jaque al ejército paquistaní y lidera los ataques de Al Qaeda en esa área tribal en la frontera de Afganistán y Pakistán.

El ataque fue desbaratado por la declaración de un confidente

"¿Por qué vamos a atacar en el metro de Barcelona y no en otro lado?", preguntó uno de los suicidas a su compañero de martirio, uno de los paquistaníes detenidos en el barrio del Raval por la Guardia Civil. "Porque si atacamos el metro los servicios de urgencia no pueden llegar. Nuestra preferencia son los transportes públicos, especialmente el metro", respondió el último.

El confidente que relató éste y otros detalles de un inminente ataque, las sustancias para fabricar explosivos que la Guardia Civil intervino a los detenidos y la reivindicación del grupo talibán paquistaní son las bases en las que el fiscal Vicente González Mota sustenta su escrito. El confidente, un paquistaní que entrenó en los campos terroristas de Waziristán y conoció a Mehsud, había sido enviado a Barcelona para unirse con los miembros de la célula y alertó a los servicios secretos franceses de la intención del grupo.

Según la fiscalía, el confidente pertenecía al movimiento Tabligh, una corriente rigorista que predica la paz, y apreció la inminencia del ataque cuando sus compañeros le dijeron que llamara a su familia para "despedirse". "Reflexionando sobre las consecuencias del atentado, teniendo presente que en el ataque suicida morirían personas y niños como sus propios hijos se negó a participar y posibilitó que la acción fuera descubierta", señala el fiscal.

Para la acusación, el dirigente de la célula era Maroof Ahmed Mirza, de 40 años, imán de la mezquita paquistaní de la calle Hospital, en El Raval, uno de los centros religiosos más vigilados por los servicios secretos españoles. Le atribuye la misión de elegir el lugar, la fecha del atentado y la explicación sobre las dificultades de los servicios de emergencia. Compartía la dirección del grupo con Mohammad Ayud Elia Bibi.

De fabricar los explosivos se encargaron Ahmed Afees, Sabih Iqbal y Qadeer Malik. Éste arrojó a un contenedor junto a su casa temporizadores y componentes empleados para las bombas con las que pensaban suicidarse en el metro. "¿Llevaremos chalecos explosivos?", preguntó el confidente. "El artefacto lo cargaremos en una mochila; una tercera persona lo detonará con un mando a distancia", respondió un yihadista, según el confidente. Los jefes del grupo quería asegurarse de que los elegidos no se echarían atrás en la acción suicida. Varios de los presuntos suicidas, Mohammed Shoaib, Mehmooh Khalid, Inram Cheema y Aqeel Uhrrehmooh Khalid llegaron a Barcelona desde Pakistán en fechas previas al ataque, según la fiscalía con la misión de participar en el suicidio.

Tras el ataque, Mehsud haría una serie de peticiones que de no cumplirse desencadenarían ataques en Alemania, Francia, Portugal y Reino Unido. Era el bautismo de su grupo en Europa, según los servicios de inteligencia. Los presuntos terroristas fueron detenidos en la citada mezquita tras un rezo yihadista. Se les intervino nitrocelulosa y perclorato potásico, con el que presuntamente se fabricaría el explosivo. El juez Ismael Moreno procesó a los 11 acusados, que se declararon inocentes, y aseguró que ya tenían capacidad operativa a nivel humano y estaban a punto de lograrla para fabricar los explosivos.