Quien despide, paga

El Tribunal Supremo ha introducido un punto de coherencia y de sentido común en el descabellado y anacrónico régimen laboral de los profesores de religión católica en la escuela pública, en el que la Iglesia se las ha apañado para hacerse con todos los derechos y asignar al Estado todos los deberes. En virtud del elemental principio de responsabilidad personal e institucional, el Supremo ha establecido que corresponde a los obispos indemnizar "por daños morales" a los profesores de religión a los que despidan indebidamente y por causas que, como viene siendo habitual, no están contempladas en la legislación laboral, como haberse divorciado, participar en una huelga legal o no ir a misa los domingos.

La decisión del Supremo confirma los criterios reiteradamente mantenidos por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y es importante porque constituye un significativo aval a la batalla jurídica que este tribunal mantiene desde hace una década ante el Constitucional en torno a los acuerdos Iglesia-Estado de 1979, respecto de cuyo articulado ha planteado varias cuestiones de inconstitucionalidad.

Puede haber razones poderosas para que los Gobiernos -el actual, los anteriores o los venideros- no denuncien los acuerdos Iglesia-Estado de 1979, a pesar de ser difícilmente compatibles con la Constitución de 1978 y no responder al tipo de relaciones que debe tener la sociedad española de hoy con la Iglesia católica. Pero es deber de los gobiernos como de los tribunales en sus respectivos ámbitos -desde el Constitucional hasta los tribunales ordinarios, sean civiles, contencioso-administrativos o laborales- impedir que esos acuerdos se malinterpreten o se interpreten abusivamente por la Iglesia. Y un abuso es disparar con pólvora del Rey, es decir, a costa del Estado, en asuntos sobre los que la Iglesia decide de acuerdo con sus intereses.

Sin necesidad de denunciar los acuerdos Iglesia-Estado, el Gobierno tiene a mano corregir desarrollos legales que, como el convenio económico-laboral firmado por el Gobierno de Aznar y el episcopado español en 1999, siendo ministro de Educación Mariano Rajoy, fuerzan al límite la literalidad de su articulado.

De aquellos polvos proceden estos lodos, pues al amparo de la condición de empleador y pagador que la Administración educativa asumió en aquel convenio, los obispos han podido actuar a su antojo y despedir a quien le venga en gana sin coste alguno, alegando motivos presuntamente relacionados con el perfil religioso del enseñante, vulneradores de derechos fundamentales como la intimidad o la libertad religiosa y ajenos a la legislación laboral.

El Supremo ha removido unas aguas que la Iglesia necesita tranquilas para seguir manteniendo su influencia sobre la sociedad. Habrá que ver cuál es su reacción y si, como cabría esperar de cualquier otro ciudadano o institución, acata y cumple la sentencia del tribunal.