Defensa desembarcará a los piratas en Somalia si no hay nueva orden del juez

La Armada española ha localizado un punto seguro en la costa de Somalia para cumplir las órdenes de la Audiencia Nacional y liberar a 13 de los 14 presuntos piratas detenidos in fraganti por el petrolero Marqués de la Ensenada la pasada semana en el Golfo de Adén. La decisión del juez Fernando Andreu, que decretó el pasado viernes la libertad provisional de todos ellos, el fin inmediato del arresto y la prohibición de entregarlos a Kenia, como pretende el Gobierno, sigue plenamente vigente a la espera de que hoy se persone la Abogacía del Estado y la recurra junto al fiscal. Fuentes judiciales aseguran que la salida más fácil es que el fiscal vuelva a pedir la prisión en lo que representaría el segundo cambio de criterio del ministerio público en cinco días.

"O se les juzga en Kenia o no se les juzga", mantienen en la fiscalía

El petrolero Marqués de la Ensenada, que detuvo a los piratas en dos operaciones separadas el miércoles y el jueves, navegaba ayer rumbo a una zona de la costa de Somalia que el Estado Mayor de la Defensa ha identificado como "segura", con el objetivo de dejarlos en tierra si antes no recibe una contraorden.

A los 13 asaltantes que viajan a bordo del petrolero español se les ha notificado ya la puesta en libertad decretada por Andreu, aunque no pueden moverse por el barco debido a las normas de seguridad impuestas por el comandante. El decimocuarto de los piratas se recupera en la UCI del hospital militar francés de Yibuti de una grave herida en el costado derecho. Defensa confía, con todo, en que el juez revoque su orden de libertad. Si no, la operación de liberación tendrá que llevarse a cabo en pleno recrudecimiento de la guerra civil en Somalia. La guerrilla islamista radical Al Shabaab intensificó ayer sus ataques sobre Mogadiscio, la capital del país. Unas 65 personas fallecieron en los enfrentamientos en los alrededores de esa ciudad, informa Reuters.

La revocación de la libertad que permitiría a Defensa retener a los piratas sólo podría llegar, según fuentes de la Audiencia, con una nueva petición de prisión provisional del fiscal. El juez, muy probablemente, la ordenaría ya que tuvo que dejarlos libres "por imperativo legal" y en contra de su propio criterio, según mantuvo en sus resoluciones del viernes.

Un portavoz de la fiscalía aseguró ayer que el sábado, el ministerio público "mantuvo conversaciones con el juez" para convencerlo de que redactara "un auto aclaratorio" en el que se desdijera voluntariamente y permitiera la entrega de los piratas a Kenia para que sean juzgados allí. El magistrado lo rechazó.

En sus autos de libertad, Andreu señala que su competencia no estaba en cuestión -fue aceptada el jueves con el apoyo del fiscal- y que los piratas sólo pueden ser entregados a otro país con las garantías previstas en las leyes españolas. El juez insistía en que el canje de notas entre la UE y Kenia para los detenidos por piratería en la Operación Atalanta no es válido para ceder la jurisdicción sobre personas ya inmersas en un proceso abierto en España. Fuentes de la Audiencia aseguran además que en la comunicación de la detención, notificada por el Estado Mayor de la Defensa, no se invocó el acuerdo de la UE con Kenia por el que este país se compromete a aceptar piratas. Además, aseguraron que el departamento jurídico de la cúpula militar informó al juzgado -antes de que se decidiera la prisión a petición del fiscal- que el Marqués de la Ensenada ya había puesto rumbo a Yibuti, desde donde los detenidos, gracias a otro acuerdo, podrían volar a España.

Pero Defensa alega que no es su cometido informar a los jueces de la legislación aplicable (el acuerdo se publicó el 25 de marzo pasado en el Diario Oficial de la Unión Europea). Ese ministerio mantiene que la comunicación del Estado Mayor se refería a la Operación Atalanta, y que la cúpula militar sí invocó en el juzgado el canje de notas.

"O se juzga a los piratas en Kenia o no se les juzga", mantuvo ayer un portavoz de la Fiscalía General del Estado. España no podría procesarlos, según esa misma fuente, porque "aquí no existe el delito de piratería", a pesar de que en su escrito del pasado jueves, el ministerio público encontraba indicios de detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas contra ellos. El portavoz de la fiscalía añadió además que es este organismo el que tiene que sostener la acusación y que, en este caso, no lo haría debido a la levedad de las infracciones.

Esa misma fuente puso en duda que un juez de instrucción de la Audiencia Nacional pueda ordenar a la tripulación de un barco militar español en una misión internacional que incumpla el procedimiento de entrega a Kenia recogido en el acuerdo firmado por la UE con ese país.