Los derechos humanos, globalizados

En un mundo que asume con naturalidad la globalización de la economía -y de sus crisis- y de la enfermedad -con sus gripes y pandemias-, resulta inquietante que desde los poderes públicos trate de frenarse o entorpecerse la creciente aplicación de la jurisdicción universal, favorable a la globalización de los derechos humanos, bajo protección judicial. Es la única globalización que causa molestias a los poderosos, pero la audacia de su aplicación y la creatividad jurídica de su ejercicio avanza hacia un espacio universal de jurisdicción compartida en interés de la humanidad, para evitar la impunidad de los verdugos y proteger la dignidad de sus víctimas.

En el caso de España, la previsión del legislador de 1985, al declarar competente a la jurisdicción española para conocer de los hechos atentatorios contra los derechos humanos, cometidos fuera del territorio nacional, que tardó más de diez años en ejercerse -contra el dictador Pinochet-, comienza a contemplarse como un peligro desde altos cargos políticos y judiciales, o desde el Ministerio Fiscal, que a veces se olvida de su misión constitucional de "promover la acción de la justicia". Incluso juristas de prestigio abogan por suprimir o reducir por ley esa justicia universal, que no es más que el corolario de la capacidad expansiva de los derechos humanos, que dejan de ser patrimonio del Estado y dominio reservado del soberano para administrar a sus súbditos, sin injerencias externas.

La jurisdicción universal ha roto las fronteras en beneficio de los titulares de los derechos humanos, en el camino hacia un orden público mundial, mediante un poder penal y judicial planetario. Dejar la protección de esos derechos universales en manos del Ejecutivo, para que a través de sus canales diplomáticos inste en los respectivos países infractores la persecución de las violaciones cometidas es, además de antiguo, tan utópico como ridículo. Está demostrado que las vías diplomáticas son utilizadas más bien para presionar en contra de la vigencia de los derechos humanos o para amenazar con que el ejercicio de la jurisdicción universal pueda dar al traste con la venta de armas o el comercio entre Estados.