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El 'caso Gürtel' alcanza a un hombre de confianza de Aguirre, que sigue de diputado

López Viejo organizó casi todos los actos de la presidenta y contrató con Correa - Rajoy dudó sobre la suspensión de los imputados porque puede afectar a Camps

El caso Gürtel tiene tres actores políticos principales, Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y Francisco Camps. Y cada semana, y a veces cada día, las novedades golpean a uno de los tres frentes abiertos, que a su vez están conectados. Ayer le tocó a Aguirre.

La semana pasada, la presidenta trató en la cadena SER de esquivar el asunto con la idea de que los imputados hasta ahora eran personas no directamente vinculadas a ella. "Hay tres alcaldes que yo no he puesto; un ex consejero al que no han imputado y seguramente imputarán y dos diputados que estaban allí cuando llegué". Pero ayer, Aguirre vio cómo ese ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, seguía el mismo camino que todos los demás políticos implicados en la trama Gürtel, al menos hasta ahora. Fue imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y hoy declarará.

Los implicados seguirán aforados para que la causa no vuelva a Garzón

López Viejo declarará por la mañana, y por la tarde irá a votar

Con López Viejo, el caso llega directamente al núcleo de confianza de Aguirre. Este ex consejero tenía como principal ocupación la organización de todos los actos de la presidenta desde que ella entró en campaña para tratar de alcanzar la presidencia de Madrid, en 2003. La confianza y el poder de López Viejo, derivado de su cercanía a Aguirre, llegaba hasta el punto de que muchos consejeros se quejaban de que él presionaba para que todos los actos oficiales en los que participaba ella se contrataran con las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la red investigada. Lo hizo, según el auto del juez Baltasar Garzón, a cambio de recibir al menos 500.000 euros en sobornos.

Hay grabaciones incorporadas al sumario en las que Correa habla con su lugarteniente en Madrid, Pablo Crespo, y éste indica que el ex consejero López Viejo era "el muñidor de toda la operativa". Y en las que, por su lado, Correa señala que López Viejo se "llevaba una pasta", dice, de todos los actos que organizaban sus empresas para el Gobierno regional.

López Viejo, que insiste en su inocencia, es el tercer diputado autonómico de Aguirre imputado. Los tres han sido suspendidos cautelarmente de militancia del PP, pero ninguno tiene intención de entregar su acta.

El argumento oficial es que ésa es una decisión que les corresponde a ellos, que el acta es suya, y que la suspensión de militancia del PP es sólo temporal. Sin embargo, el motivo real, según diversas fuentes del PP, es la necesidad de protegerles porque si dimitieran los tres, los únicos aforados imputados hasta ahora, el caso volvería a manos de juez Garzón. Los diputados ni siquiera pasarán al Grupo Mixto y trabajarán con normalidad.

El caso afecta de lleno a Aguirre, pero sus consecuencias políticas tocan a Camps y a Rajoy. De hecho, según fuentes de Génova, la sede central del PP, el líder y su dirección tuvieron algunas dudas a la hora de suspender cautelarmente de militancia a los tres diputados madrileños. López Viejo no había sido aún ni siquiera imputado. Algunos dirigentes nacionales -Aguirre era favorable a suspenderlos- temían las repercusiones de esta decisión sobre Camps.

Si el presidente valenciano resulta imputado, será muy difícil explicar por qué él no es suspendido de militancia, algo casi impensable en el todopoderoso barón, que pese a estar políticamente muy quemado por el caso, sigue manejando un enorme presupuesto y fue clave para la reelección de Rajoy como líder tras la derrota electoral de 2008, algo que el jefe de la oposición no puede olvidar. En la misma situación queda Luis Bárcenas, tesorero del PP nombrado por el líder, que si es imputado tendrá que ser suspendido de militancia.

La presión sobre Aguirre se intensificará hoy, día de pleno en la Asamblea de Madrid. Por la mañana, López Viejo acudirá como imputado a declarar ante el juez Antonio Pedreira, y por la tarde votará con los demás diputados aguirristas. Tomás Gómez (PSOE) e Inés Sabanés (IU) exigieron ayer que entreguen el acta, y esta última preguntó si el PP va a pagar la fianza de casi un millón de euros de Benjamín Martín Vasco, ex número dos de los aguirristas en la Asamblea de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de mayo de 2009