Unidos por la crisis

Un pavoroso crecimiento del desempleo en todo el mundo y una creciente inquietud social por la duración y profundidad de la recesión económica global constituyen el telón de fondo de la fiesta del Primero de Mayo conmemorado ayer. De forma excepcional respecto a los últimos años, se han registrado incidentes de cierta envergadura en las manifestaciones, tales como los enfrentamientos de radicales en ciudades alemanas o los choques violentos ocurridos en la ciudad austriaca de Linz. El miedo a la recesión y la desconfianza hacia las políticas económicas de algunos Gobiernos explican también el aumento de manifestantes en algunos países.

No es de extrañar que los discursos de los sindicatos se hayan radicalizado. Tanto el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, como el de UGT, Cándido Méndez, insistieron obsesivamente en dos ideas: rechazar los recortes sociales, entendiendo por tales cualquier reforma que abarate el despido, reduzca las prestaciones laborales o disminuya las pensiones; y exigir más gasto público para atender a la creciente marea de parados. La advertencia de que cualquier recorte social tendrá como respuesta un aumento de la conflictividad indica que, al menos ante la galería, a los sindicatos no les basta con que el presidente del Gobierno se haya pronunciado de manera muy enfática en contra de cualquier reforma regresiva.

A pesar de su insistencia en presentarse como defensores incuestionados de los derechos de los trabajadores, los sindicatos son una parte del problema laboral y, por tanto, deben ser parte de las soluciones para mitigar el desbordamiento del paro. Como bien saben los dirigentes de CC OO y UGT, la estructura del mercado laboral es insostenible. Soporta una maraña de más de 17 tipos de contratos y castiga con saña a los trabajadores jóvenes, con excelente preparación pero sin experiencia, a los trabajadores sin empleo mayores de 45 años y a los inmigrantes. Cuando se cierran en banda a reformar la contratación, los sindicatos perjudican objetivamente a las nuevas generaciones de trabajadores y se merecen la acusación de que tan sólo defienden los intereses laborales y salariales de los sindicados con un contrato fijo.

Un grupo de economistas ha propuesto crear un contrato único para las nuevas contrataciones, con una escala de indemnización por despido creciente en función de los años trabajados. Así se extinguiría la jungla de relaciones temporales y parciales. Es un punto de partida razonable para que las organizaciones patronales y sindicales se atrevan a reformar un sistema de contratación agotado y muy costoso para la economía española. Cosa distinta, aunque relacionada, es si éste es el momento para proceder a tal reforma. Pero este debate debe formar parte del diálogo político y social que ayer reclamaron con insistencia los representantes del PSOE en la Fiesta del Trabajo de este año.